La bajada de línea de la presidente de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, ha sido la de ir trabajando y dejando todos los pasos administrativos listos en lo que queda del año para poner a rodar en febrero de 2020 la primera parte del sistema acusatorio. Bajo ese parámetro, desde el máximo tribunal le solicitaron ayer al Consejo de la Magistratura que dispare los concursos para la designación de 26 cargos, entre los que se encuentran, principalmente, los nuevos puestos para la también llamada investigación fiscal y las vacantes que se han generado por diferentes motivos. Si bien se veía venir tal movida, la cifra impacta por una cantidad nunca vista, que generará un número significativo de postulantes. No es lo único, ya que el funcionamiento del nuevo mecanismo, que coexistirá durante un tiempo con el que rige actualmente, implicará la reasignación de funciones del personal, la incorporación de empleados a través del concurso de ingreso de 2018 y, de ser estrictamente necesario, se llamará a un proceso de selección externo, explicó García Nieto.
La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal representará que la investigación de los hechos delictivos quedará en poder de los fiscales. Así, los jueces dejarán esa tarea y su función será la de controlar que se respeten las garantías constitucionales de los sospechosos. De esa manera, los agentes del Ministerio Público pedirán, en base a pruebas, detenciones, allanamientos o escuchas telefónicas y serán los magistrados los que autorizarán tales medidas.
Por eso, la mayor carga estará en los fiscales, por lo que desde la Corte le pidieron al Consejo de la Magistratura que se vayan generando los concursos para 12 de esos magistrados de primera instancia, más uno para la Segunda Circunscripción, con sede en Jáchal, y otro para Ejecución Penal. No es lo único, ya que también se hizo la solicitud para un fiscal de Cámara, tres defensores oficiales y otro para la Segunda Circunscripción, y un asesor de menores. Asimismo, en la nómina figuran los cargos tres jueces penales de primera instancia (dos de ellos se encuentran vacantes actualmente), uno de Ejecución Penal (también sin su titular), uno para la sede en Jáchal y un juez de Cámara.
La cantidad de cargos obedeció a un reajuste que realizaron García Nieto y el jefe de los fiscales, Eduardo Quattropani, debido a la actual situación económica del país y la provincia por la pandemia del coronavirus. La idea era arrancar con una estructura más grande, pero en la Justicia decidieron hacer retoques para que el impacto presupuestario no sea tan alto y empezar con entre un 30 y 40 por ciento de los puestos. "Hemos tratado de ser austeros, pero con lo necesario para que el sistema funcione", destacó la presidente.
Si bien hubo un recorte, la movida pone en juego, en un corto plazo, un número altísimo de cargos, lo que producirá una avalancha de inscripciones. El titular del Consejo, Juan José Victoria, dijo que, luego de terminar con las ternas para siete cargos judiciales, "inmediatamente nos pondremos a diagramar los concursos". Será una ardua tarea, dado que, luego de entrevistar a los anotados, seleccionarán a tres candidatos por cada uno de los 26 cargos, los que irán a la Cámara de Diputados para la elección final.
En cuanto a los empleados, García Nieto destacó que se van a reasignar funciones o se hará un concurso interno de personal que pasará del actual al nuevo sistema, sin descuidar la anterior estructura que seguirá funcionando, y que, "si fuese necesario, se llamaría a un concurso externo".