Es la única disputa que hay en la Justicia en la que se debe definir si un privado se apropió de unas 50 hectáreas del lecho del río San Juan. Hace más de dos años y medio que un planteo sobre el tema está en la Corte y recién se encuentra en estudio, indicaron fuentes judiciales. La cuestión no es para nada menor, ya que lo que está en juego es parte de un bien del Estado que hoy se encuentra ocupado con un emprendimiento productivo de la empresa Zoberano. Además, reinstala el debate sobre la llamada línea de ribera, el límite jurídico entre el dominio privado del público en ríos y arroyos, por ejemplo. Dicha delimitación no está trazada en la provincia, pero el máximo tribunal judicial ha sentado una posición.
La causa se originó tras una demanda que realizó Fiscalía de Estado contra Agrícola Zoberano SA debido a que ocupó terrenos del río San Juan (Ver infografía), en los que cultivó uva y frutas de carozo, según el expediente. En líneas generales, lo que busca la provincia es que la firma cese la explotación y reponga la margen a su estado natural. Tras una serie de resoluciones y rechazos de las partes en primera y segunda instancia (Ver cronología), el expediente llegó por segunda vez a la Corte en mayo de 2015. En esta ocasión, el máximo tribunal debe resolver si es correcto el fallo de la Sala II de la Cámara Civil, que no le hizo lugar a la apelación que Zoberano realizó contra la sentencia del juez Abel Soria, quien le había dado la razón al Estado. Tras dos años y siete meses, el planteo está en estudio a la espera del primer voto del ministro Humberto Medina Palá, según se desprende del expediente.
Los plazos de resolución en el máximo tribunal quedaron en la mira luego de que trascendiera que el excortista Juan Carlos Caballero Vidal tenía 40 causas paralizadas desde 2008 a 2017. Incluso el ministro Guillermo De Sanctis había señalado que la Corte no puede demorarse más de un año calendario en definir los recursos que le llegan.
El de la disputa por el lecho del río San Juan no es uno más. La empresa Zoberano había rechazado la demanda porque, como dueña de un inmueble ubicado sobre la ribera del río, había adquirido los terrenos que están en conflicto por “aluvión”, esto es, que se incrementó la cantidad de tierra fruto del arrastre de la corriente del agua. El juez Soria, del Civil Nº11, dijo que no se dio el supuesto aluvión sino todo lo contrario: “se ha acreditado que ha sido fruto de la actividad del hombre tal acrecentamiento”. La empresa apeló y la Sala I de la Cámara Civil le hizo lugar al señalar que “se requiere tener certeza sobre la línea interna y externa de la ribera del río, porque es la única manera de establecer la separación del dominio público de la propiedad privada”. De Sanctis, por entonces fiscal de Estado, recurrió a la Corte, que en esa instancia coincidió con Soria al señalar que “si el sólo hecho de la falta de delimitación de la línea de ribera justificara una invasión del lecho del río, tal razonamiento podría ocasionar un verdadero caos, ya que todos los ribereños podrían arrogarse derecho a ganarle tierra al río e inclusive modificar su cauce”. El máximo tribunal anuló el fallo de segunda instancia y hubo uno nuevo de la Sala II, que fue apelado por Zoberano y es el que ahora tiene que definir la Corte.
- 2009 Diciembre
El juez Abel Soria, del Civil Nº11, dispuso que Zoberano se retire del terreno y que restituya el cauce del río.
- 2011 Octubre
La Sala I de la Cámara Civil le hizo lugar a la apelación de Zoberano y así, rechazó la demanda de la provincia.
- 2013 Junio
La Corte anuló el fallo de la Sala I y dispuso que un nuevo tribunal analice la apelación de Zoberano.
- 2014 Diciembre
La Corte admite estudiar el planteo de Zoberano, que se opuso al fallo de la Sala II, que resolvió en su contra.