La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó ayer la prisión preventiva de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida desde enero de 2016 en Jujuy, y solicitó que la cumpla en su domicilio.
Por unanimidad, los jueces del Supremo -Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- dejaron firme el fallo del Tribunal Superior de Justicia jujeño, que convalidó la prisión preventiva de Sala, por considerar que existe riesgo de obstaculizar el proceso en el que la líder de Tupac Amaru está imputada por asociación ilícita en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión, informó la agencia de noticias del Poder Judicial.
En su recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, la defensa de Sala había sostenido que su detención preventiva era “arbitraria”, al considerar que no había elementos para justificar la existencia de dicho riesgo. Sin embargo, los magistrados de la Corte apuntaron que la sentencia de la Justicia de Jujuy estaba respaldada en que los hechos denunciados fueron presuntamente realizados mediante una organización que se servía de la intimidación y en las declaraciones realizadas en la causa por varias personas que manifestaron “tener miedo” hacia la acusada.
Asimismo, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti ordenaron a las autoridades judiciales de la provincia que cumplan con la decisión dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 23 de noviembre en la que estableció que la cárcel debe ser sustituida por el arresto domiciliario u otra medida “menos restrictiva”.
La diputada del Parlasur por el kirchnerista Frente para la Victoria, Milagro Sala, permanece presa desde el 16 de enero de 2016, cuando la Justicia jujeña ordenó su detención por presunto tumulto y sedición, durante una protesta organizada por el movimiento social Tupac Amaru.
Sin embargo, a pesar de que un juez ordenó poco después su liberación, Milagro Sala quedó detenida por otras causas en las que se investigan delitos de corrupción relacionados con los fondos públicos que la Tupac Amaru recibía del Estado durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
El pasado julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar a la activista y pudo ser trasladada a su domicilio, pero en octubre se decidió revocar esta decisión y que Sala volviese a prisión porque no estaba atendiendo su estado de salud.
La abogada defensora de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró, en un comunicado de prensa, que “esperamos que esta vez los magistrados jujeños estén a la altura de la circunstancias y dispongan el traslado inmediato a su domicilio, en San Salvador de Jujuy”. Télam y Efe