En medio de la polvareda que levantó la decisión de la Corte Suprema de conceder el llamado "2×1" a un condenado por delitos de lesa humanidad y tras la aprobación de la leyque limita el beneficio, el máximo tribunal informó que se volverá a expedir sobre el tema.
En un comunicado, la Corte Suprema informó que "se instruyó a la secretaría del Tribunal para que reúna los expedientes" en los que se discute la aplicación del cómputo de prisión preventiva denominado "2×1" y que correrá vista a las partes para que se pronuncien sobre la Ley 27.362, que acaba de aprobar el Congreso y que expresamente excluye del beneficio a represores.
Las partes tendrán diez días hábiles a partir de que sean notificadas la próxima semana para opinar sobre la Ley 27.362 y luego los ministros de la Corte Suprema se pronunciarán. Fuentes del tribunal indicaron a Infobae que en un mes, más o menos, habrá una decisión definitiva que marcará jurisprudencia para todos los juzgados del país.
El 3 de mayo, la Corte Suprema declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad, al tener en cuenta que por cada día de prisión sin condena firme se lo consideraba doble. La decisión fue adoptada con el voto de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, en tanto que RicardoLorenzetti y Juan Carlos Maqueda se expresaron en disidencia.
La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña, quien en 2011 fue condenado a 13 años de prisión por ser "coautor del delito de privación ilegal de la libertad" e "imposición de tormentos" en cinco casos.
Sin embargo, tras una masiva marcha de protesta que inundó la Plaza de Mayo y sus alrededores, el Congreso sancionó la Ley 27.362, que fue respaldada por el oficialismo y laoposición, y que ratificó la validez de la Ley 27.156, aprobada en 2015, que prohíbe todo tipo de indulto o conmutación de pena a represores.
La ley afirma, además, que el cálculo del "2×1" "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional". Y determina que el cómputo de penas de "2×1" "será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley", es decir, entre 1994 y 2001.
Finalmente, el presidente Mauricio Macri promulgó hoy la ley mediante el Decreto 329/2017 publicado en el Boletín Oficial, que también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Justicia, Germán Garavano.