La emergencia climática que vivimos es un problema global y por ello compete a toda la humanidad atenuarlo a través de sus gobernantes con políticas surgidas de los acuerdos internacionales a instancia de los organismos de las Naciones Unidas. El problema que se presenta es que no hay una figura jurídica internacional que penalice la destrucción del planeta haciendo responsable a los gobiernos.
El vacío jurídico del Estatuto de Roma, por el cual se guía la Corte Penal Internacional, no prevé el "ecocidio", definición grecolatina de la figura que encierra el daño generalizado al medio ambiente y de mayor impacto en ecosistemas. Por ello un grupo de expertos en derecho, científicos, académicos y líderes ambientalistas de distintos países buscan modificar los estatutos del Tribunal de La Haya para que penalice la destrucción del mundo natural.
Es importante responsabilizar penalmente del daño duradero a elementos vinculados a la estabilidad climática, a países que se resisten a aceptar el cambio climático, aun cuando soportan las alteraciones que causan estragos en el suelo en que se encuentran. En estos casos debería intervenir la Corte Internacional con la figura del ecocidio dentro de su competencia.
Hasta ahora el Tribunal, fundado hace dos décadas, viene sancionando crímenes de guerra y de lesa humanidad en cualquier lugar del mundo, enjuiciando a jefes de Estado en funciones y desarrollando el derecho internacional en cuestiones territoriales, entre otros asuntos trascendentes, pero no tiene competencia en la destrucción medioambiental para lo cual deben modificarse sus alcances.
Ya hay denuncias concretas de catástrofes ambientales, como la de las Islas Maldivas y Vanuatu, países insulares que en 10 o 15 años quedarán bajo el agua, en tanto tienen invasiones marinas, cultivos arrasados y otras pérdidas irreparables que la comunidad internacional debería reparar si se tipifica el ecocidio como delito en La Haya como tribunal medioambiental o da lugar a una convención internacional vinculante.
También están en la mira empresas multinacionales altamente contaminantes que eluden normas ecológicas y legales locales, como las petroleras y pesqueras, estas últimas haciendo colapsar el recurso en aguas internacionales, o las que contaminan con plástico a los océanos. Por eso urge la competencia de la Corte Internacional.