Los concejales opositores Carlos Cortes, Silvana Fernández y Martín Gutiérrez habían presentado una denuncia en la Justicia Federal contra el intendente bloquista de Zonda, Miguel Atampiz, el contador Mauricio Fullana y el tesorero Manuel Cortez por la presunta adulteración de facturas. Sin embargo, fuentes judiciales explicaron que el fiscal Francisco Maldonado consideró que la causa debe tramitarse en la Justicia provincial debido a que de la maniobra se desprendería una supuesta defraudación contra las arcas del municipio, es decir, que es de competencia local y no federal.
El fiscal federal entendió que puede haber un delito bajo el ámbito de la Justicia local.
Además, como los denunciantes, a través de su abogado Daniel Rivadeo, mencionaron que hubo una malversación de caudales públicos contra la AFIP, el representante del Ministerio Público envió los antecedentes al organismo recaudador para que determine si, en realidad, se produjo el delito de evasión impositiva. No obstante, el monto para que encuadre la figura de evasión simple debe ser superior al millón y medio de pesos, lo que se ve sumamente difícil debido a que los valores que están en juego se encuentran muy lejos de esa cifra, destacaron las fuentes.
La movida de los concejales revela la fuerte pelea que mantienen con el jefe comunal. Cortes y Fernández pertenecen a la oposición, pero se les unió Gutiérrez, quien había entrado en la lista de Atampiz, pero se le dio vuelta. De esa manera, el intendente quedó en minoría en el Concejo.
Los ediles hicieron la presentación judicial a fines de septiembre y el dictamen de Maldonado se dio hace unos días, por lo que, ahora, el juez Leopoldo Rago Gallo debe definir si se declaran incompetentes en la causa y la envían a la Justicia provincial, lo que es casi un hecho dado que el fiscal es el titular de la acción penal y su palabra es clave en ese punto. La maniobra denunciada apunta a que se detectó una factura por 247.500 pesos que presenta irregularidades, como que un código de la AFIP, que es exclusivo para un determinado comprobante, se repite en otro, por lo que uno de ellos sería apócrifo, además de que el CUIT de la persona que facturó el documento original es inexistente. Los concejales también pusieron la lupa en otra factura por 165 mil pesos, en la que existirían anomalías entre el código de AFIP utilizado y los datos de la persona que figura en el comprobante. Además, expusieron la situación de un proveedor y una prestadora de servicios que habrían ofrecido productos que no se corresponderían con sus funciones, resaltaron en la denuncia.
Del dictamen del fiscal federal se deriva que lo que puede haber es una defraudación contra el municipio, dado que, de existir la maniobra, el perjuicio estaría en las cuentas de la comuna, porque se habría pagado algo que no corresponde. Por eso, entendió que la Justicia provincial debe ser la que investigue, dado que se trataría de un delito bajo su jurisdicción, fuera del ámbito federal.
Otra denuncia
Antonella Muñoz, a través de su abogado Marcelo Arancibia, denunció que, luego de que no le renovaran su contrato en Zonda, una mujer siguió cobrando con su CUIT. Y que alguien también utilizó su clave fiscal para facturarle servicios al municipio por al menos 41 mil pesos que nunca cobró.
Monto
1,5 millones de pesos es el piso para que se configure el delito de evasión impositiva simple. En Zonda, por los valores en juego, es sumamente difícil que se plasme tal figura delictiva.