Las contenidas demandas de una sociedad que durante décadas viene soportando desigualdades crónicas en un país señalado por muchos tecnócratas como un ejemplo a seguir, mirando solamente las envidiables variables económicas, ha producido el estallido chileno con consecuencias todavía difíciles de pronosticar. La impericia del presidente Sebastián Piñera al reaccionar con palabras desafortunadas, calificando a la protesta callejera como una "guerra” y a los manifestantes como "delincuentes”, supone no advertir que se trata de un problema político estructural.

El pasaje del transporte público, al igual que el reajuste tarifario de los servicios básicos, resultan insostenibles para la gran mayoría de la población. Es que midiendo parámetros de riqueza resulta que el 1% más adinerado de Chile se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, en tanto el 50% de los hogares con menores ingresos sólo accedió al 2,1% de la riqueza neta del país, según un estudio de la Cepal. Con estos valores una familia de bajos recursos debe invertir en transporte un 30% del salario mínimo mientras la incidencia en los niveles socioeconómicos más pudientes no llega al 2 por ciento.

Pero el desequilibrio social es mucho mayor en las responsabilidades básicas del Estado, como salud y educación. Es cierto que Chile ha eliminado la pobreza a un dígito de la población y ese logro es trascendente; sin embargo no basta con salir de la indigencia o de la pobreza estructural para mantenerse así de por vida, sin poder alcanzar la educación superior, trabajos calificados, o mejores condiciones de vida debido a que el vecino país es el noveno más caro del mundo.

El agobio de la clase media trasandina está lejos de ser circunstancial, es la acumulación de desaciertos políticos que no supieron, o no pudieron, aplicar las gestiones de gobiernos de diferentes lineamientos. El desencanto tras las expectativas generadas por los dos gobiernos de Michelle Bachelet y por la anterior y actual gestión de Sebastián Piñera, son frustraciones sociales carentes de marco ideológico. Para la gente se agotaron las esperanzas y esto se refleja en las calles, sin dejar de pensar en infiltrados especialistas en provocar caos.

La furia colectiva y la militarización represiva dejarán secuelas lamentables, más allá de los 15 muertos, centenares de heridos y cuantiosas pérdidas materiales. También lesionará un crecimiento económico que se ha desacelerado por la dependencia de los productos básicos, en particular del cobre, en baja.

Chile necesita consensuar otro modelo de país, más justo y socialmente equitativo, sin perder los logros alcanzados.