La crisis económica que afecta al país con gran impacto social en todos los sectores de la vida nacional, ha derivado en una informalidad del mercado sin precedentes, como una forma de sobrevivir en medio del descalabro inflacionario y la recesión paralizante, prácticamente en todas las prestaciones productivas y de servicios.

En la Argentina siempre fue preocupante la informalidad en la actividad económica, con alta incidencia del empleo no registrado, o en "negro", y con evasión impositiva. En ambos casos se produce una competencia desleal en el sector de la pequeña y mediana empresa entre los que eluden las normas básicas del comercio establecido y quienes las cumplen estrictamente.

Pero actualmente se ha observado un crecimiento desmedido del mercado informal con consecuencias en el campo laboral, según ha denunciado el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato. El dirigente acusa directamente a la combinación de una política financiera que aplica altas de interés y a una presión fiscal récord, que quita competitividad a quien produce.

Por eso es cuantiosa la cantidad de transacciones no registradas, debido a los costos financieros que obligan a muchas empresas a realizar negocios sólo en efectivo con el fin de no remarcar los precios, por ejemplo, y evitar cambiar cheques porque les generan pérdidas irrecuperables. Todo esto se suma a un daño al fisco en materia impositiva, asociado al achicamiento del mercado interno por la gran caída del consumo.

Se debe recordar, además, el impacto que tiene en las empresas el panorama recesivo por efecto del menor consumo interno, por una parte, y por otra los altos costos fijos por suba de las tarifas energéticas y una devaluación que distorsionó el mercado de insumos. Además las cargas financieras en la bancarización, otro punto detonante en favor de la informalidad, ya que se obliga a utilizar dinero en efectivo: de lo contrario el sistema formal absorbe la mínima rentabilidad.

La fragilidad en que se desenvuelven las pymes en general debe hacer reaccionar al Gobierno nacional para dictar políticas activas para contrarrestar la distorsión que soporta el sector más desprotegido de la economía. Urge una baja de las tasas de interés y un mecanismo financiero que permita activar la producción y comercialización de manera que se cumplan las reglas básicas del mercado, evitando toda tentación hacia la informalidad y, en particular, sostener la fuente laboral registrada.