La situación en Venezuela es insostenible por la crisis humanitaria que padece el pueblo, carente de alimentos y medicamentos imprescindibles junto a los servicios básicos, pero se ha visto la reacción de Nicolás Maduro para impedir que la ayuda del exterior ingrese a territorio venezolano argumentando una injerencia de otros países considerada como un atropello a la soberanía. Frente a este impedimento se sugiere directamente una intervención en virtud de la urgencia social.
Esta posibilidad corrió como un reguero de pólvora en los movimientos de izquierda, considerando a la intervención humanitaria como un atropello a la soberanía de una nación y hasta en nuestro país se observaron las pancartas del kirchnerismo y de los partidos de izquierda en la reciente apertura del período legislativo, y un acto de apoyo a Maduro, realizado por el intendente de Avellaneda. Similares repudios al intervencionismo se vienen sucediendo en diferentes países.
Pero en el campo del Derecho Internacional Público se sostiene, con pruebas irrefutables, la existencia en Venezuela de un Estado frágil y colapsado como consecuencia de un desmantelamiento institucional sin precedentes, de manera que un gobierno dictatorial, surgido de elecciones fraudulentas no merece ser tratado con la legitimidad argumentada por los sectores radicalizados.
Los casos similares planteados en las Naciones Unidas en oportunidad de la protección humanitaria a Somalia, Bosnia y Kosovo, entre otros, han dejado expedito un camino jurídico en el derecho internacional que debe reflejarse en Venezuela. Al justificar la internacionalización de ayuda humanitaria, el ex secretario general de la ONU Kofi Annan dijo que estas acciones son la respuesta global a los habitantes de Ruanda o Srebrenica que han sido objeto de una sistemática violación de los derechos humanos.
La defensa del Estado soberano no supone un amparo ilimitado de poder cuando el gobierno esté implicado en prácticas que afectan el orden público humanitario, previsto en los Tratados y Convenios internacionales de la Carta de la ONU. El concepto de injerencia legítima, que es una intervención diplomática internacional incluyendo hasta acciones militares cuando sea requerida la protección humanitaria.
La Corte Internacional de Justicia se ha expedido con serios fundamentos en hechos violatorios a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, en base al Estatuto de Roma, fundamento del derecho humanitario internacional.