Tras la sanción del Código Procesal Penal, se viene el proceso de implementación de la investigación fiscal en reemplazo de la pesquisa en poder de los jueces, quienes pasarán a ser encargados de controlar garantías constitucionales y, justamente, dictar sentencias. La puesta en marcha del flamante mecanismo está en manos de la Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ejecutivo y la idea que prima es que el llamado sistema acusatorio se aplique en toda la provincia, pero en delitos graves: asesinatos, homicidios culposos (accidentes de tránsito y mala praxis médica), abusos sexuales y hechos de violencia de género. La movida revela una instrumentación gradual y paulatina, para que el flamante mecanismo no colapse y fracase, hasta que se avance de manera total. Al arrancar con ciertos tipos de hechos delictivos, favorecerá la consolidación de fiscalías temáticas, lo que acarrea una especialización para una mejor investigación y contención de las víctimas.
El dato lo dio a conocer el fiscal General, Eduardo Quattropani, quien remarcó que viene charlando el tema con el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y representantes de la Corte, como Guillermo De Sanctis y Adriana García Nieto. En el análisis sobre cómo iba a empezar a rodar la investigación fiscal, primero se deslizó una instrumentación en un departamento, como Capital, que contemplara a todos los delitos. Pero luego del estudio sobre antecedentes nacionales y escenarios posibles, la balanza se inclina hacia abarcar todo el territorio y ciertos hechos delictivos.
Quattropani explicó que uno de los puntales será el Centro Anivi, donde hoy se canalizan las denuncias por abusos sexuales contra niños y hasta mujeres. En ese lugar se instalarán los ayudantes fiscales para iniciar las investigaciones contra los sospechosos. Además, se firmará un convenio entre el Ministerio de Gobierno, el de Desarrollo Humano, la Corte y el Ministerio Público para la creación de un centro contra la violencia de género para contemplar y seguir ese tipo de causas, en el que estarán presentes los ayudantes fiscales. El plan apunta también a que este personal esté trabajando en las comisarías, junto a los uniformados, en los casos de homicidios dolosos (causados con intención) y culposos. El trabajo entre fiscales y policías ya se viene dando en el procedimiento especial de Flagrancia, que será el primero en el que entrará en vigencia el Código Procesal (Ver aparte). De esa manera, se irán consolidando fiscalías temáticas, por ejemplo, contra delitos sexuales y violencia de género.
El fiscal General señaló que una comisión integrada por representantes del máximo tribunal y del Ministerio Público está trabajando en la ley de implementación y que entre febrero y marzo, el plazo ordenado por la norma, definirán cuántos ayudantes fiscales, fiscales, defensores y jueces se necesitarán. El objetivo, según había señalado Baistrocchi, es que el sistema acusatorio comience a funcionar en el segundo semestre del año que viene. Como los homicidios, abusos sexuales y hechos de violencia de género entrarán bajo el nuevo mecanismo, se irán liberando los tradicionales juzgados y fiscalías de ese tipo de delitos, por lo que personal de esas unidades podrían pasar a las nuevas. Todo eso se deberá ir puliendo para mejorar el actual sistema que está colapsado.
El cortista De Sanctis había manifestado que el máximo tribunal alquilará un edificio para que se instalen los fiscales, el cual será acondicionado para su funcionamiento.
Sanción
El Código fue aprobado por unanimidad el 8 de noviembre en la Cámara de Diputados. Su elaboración fue fruto de un trabajo de una comisión de juristas, más el aporte del Ministerio Público Fiscal y miembros de la Corte de Justicia. Ahora hay cuatro meses para la elaboración de la ley de implementación.
Cómo será la actuación fiscal
Si hay una denuncia ante la Policía, los efectivos deben informar al fiscal para que asuma la dirección de la investigación e indique las diligencias que se deben realizar. Si es presentada directamente, debe iniciar la pesquisa con el auxilio de la policía en función judicial. Los agentes del Ministerio Público encaran medidas como allanamientos y escuchas telefónicas para identificar a implicados en un hecho delictivo, pero deben tener el OK del juez, que actuará como control de las garantías constitucionales de los sospechosos. Una vez ubicado el involucrado, el fiscal realiza la investigación preparatoria, en la que lleva adelante diligencias y medidas y al final puede acusar al imputado o solicitar su sobreseimiento. Si va a juicio, con el visto bueno del juez, ejerce la acusación ante un tribunal colegiado, un sólo juez o ante jurados. Este último tribunal está compuesto por 12 personas que definen la culpabilidad o no.