El juez del Cuarto Civil, Humberto Conti Picco, aceptó un recurso de amparo que presentaron los vecinos que se oponen a la construcción de una estación de servicios en la esquina de Central y Esteban Echeverría. Pero no hizo lugar a la cautelar que podría haber frenado el proyecto. Fue luego de que la Secretaría de Ambiente otorgara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la propuesta del Grupo Barceló y que motivara la bronca de quienes viven en las inmediaciones.
En la presentación judicial, patrocinada por el abogado Ernesto Lloveras, los vecinos solicitaron una acción de amparo ambiental con una medida cautelar de no innovar. Se trata de una acción de naturaleza colectiva en defensa del ambiente y la salud de los vecinos que eligieron la zona para vivir por ser un ámbito residencial. Y fue para "prevenir un daño grave e irreversible que provocará la instalación de una estación de servicios a escasos metros de otras cuatro ya existentes, en el corazón de una zona estrictamente residencial y a escasos metros de establecimientos educativos".
Para fundamentar el planteo, en el escrito se adjuntan antecedentes de los daños a la salud que pueden provocar los gases que emanan de los combustibles y por eso la necesidad de que haya una distancia considerable, de al menos 50 metros para viviendas y de 100 metros para establecimientos educativos, de una estación de servicios.
Pero el juez sólo admitió el amparo y no la cautelar. En la práctica significa que el Grupo Barceló puede avanzar con la construcción, pero debe notificar con al menos 30 días de anticipación a la Secretaría de Medio Ambiente. Carla Chirino, directora de Gestión Ambiental, confirmó ayer que el proyecto tiene la DIA aprobada, pero todavía desde la empresa no pidieron permiso para iniciar los trabajos.
Los vecinos van a insistir con la cautelar porque temen daños por contaminación sonora, los gases de los combustibles, que son cancerígenos, según afirman, y por prevención de peligros ante eventuales derrames de las naftas.
La nueva estación del Grupo Barceló, que ya tiene otras 6 funcionando, será para combustibles líquidos y contará con tomas para la carga de vehículos eléctricos. Tendrá 4 islas para 8 autos en forma simultánea, servicompras y cajero automático. Y dará trabajo a unas 25 personas. Aunque desde el grupo se reservaron en su momento el monto de la inversión. La construcción durará unos 10 meses, según calculan.
El lugar elegido es un predio de 1.057,30 m2, que en su momento utilizó la constructora Milicic, que estuvo a cargo de las tareas de ampliación de la Avenida Central.
Karin Braun, una de las vecinas de la zona, sostuvo que "no nos sentimos escuchados, pero no vamos a bajar los brazos".
En la audiencia convocada por Ambiente en febrero, los vecinos presentes en la reunión, que no fue vinculante, es decir que sólo se escucharon sus planteos, expresaron, por ejemplo, que la circulación de camiones con el combustible para abastecer la estación, más los autos que irán a cargar, incrementará los ruidos en la zona. Y otro vecino mencionó que los gases de los combustibles atentan contra la salud de la población. Además, uno de los asistentes estimó que por la proximidad del emprendimiento, los inmuebles de las cercanías perderán un valor estimado del 40%. "Quién va a querer comprar junto al peligro de una estación de servicios", planteó. Aunque Chirino le aclaró que el tema económico no era un argumento para ser tenido en cuenta.
En lugar de una estación de servicios los vecinos proponen para aprovechar el espacio que se construya una plaza o un centro de salud.
Con la DIA aprobada, el inversor deberá, antes, durante y después de la construcción, hacer controles de ruido, suelo y de la calidad del aire para evitar la contaminación de la zona.
> El proyecto de la Libertador, frenado
El caso de la estación de servicios de la Central no es el único que está en discusión. Es porque en Rivadavia un grupo de vecinos del barrio privado Ayres Libertador también planteó su rechazo a que se construya un emprendimiento de ese tipo en el ingreso de este vecindario. Dijeron que cuando compraron sus casas, el proyecto de la constructora indicaba que ahí se iba a hacer un paseo comercial. Fue así que una reunión a mediados de enero de un grupo de 30 vecinos participó de la audiencia pública de impacto ambiental, que convocó la Secretaría de Ambiente. Pero ahora se conoció que esa audiencia fue anulada y que ahora se deberá convocar a una nueva reunión, que todavía no tiene fecha.
Carla Chirino, directora de Gestión Ambiental, dio a conocer que desde su área se dio por nula la audiencia pública realizada y que se deberá convocar a otra, aunque no está establecido el plazo para el nuevo llamado. Por supuesto que los vecinos siguen atentos.