El Gobierno gestionó y consiguió hace ocho meses 30 pulseras electrónicas para implementar un novedoso control a los internos con prisión domiciliaria, pero la Justicia aún no utiliza ninguna de ellas. El Juzgado de Ejecución Penal es el que tiene bajo su órbita la vigilancia del cumplimiento de las sentencias de los internos condenados, pero su titular, Margarita Camus, no contestó los llamados de este medio. En todo este tiempo, tan sólo hay dos expedientes que han sido presentados y tienen el OK del Ejecutivo, pero los aparatos no han sido colocados debido a las demoras en los procesos judiciales. Uno de esos casos es llevado adelante por la magistrada y el otro por una sala Penal.
En la gestión uñaquista hay malestar porque entienden que el esfuerzo llevado a cabo en 2016 para firmar el convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación y adquirir las pulseras de manera gratuita no ha tenido el mismo eco en el Poder Judicial y aún no ha dado sus frutos. El mecanismo es beneficioso porque se desarrolla a través de un monitoreo a distancia (ver infografía), lo que permite ahorrar recursos policiales como patrulleros y personal, que pueden ser destinados a la prevención de delitos.
En mayo se puso en marcha el Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica y el convenio estableció que la Nación aporta las pulseras, los equipos de monitoreo y la capacitación del personal. Es decir, a la provincia no le costó nada poner en marcha el sistema y las 30 pulseras y el equipamiento llegaron a mitad del año pasado.
El programa está destinado para personas que son beneficiadas con la prisión domiciliaria. Según la norma, pueden ser internos que tengan más de 70 años, mujeres embarazadas, madres de hijos menores de 5 años, discapacitados y presos con algún problema de salud que les impida cumplir con su pena dentro de la cárcel.
Uno de los casos por el que fue pedida la implementación de una pulsera electrónica se tramita en la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional y uno de los miembros del tribunal, José Atenágoras Vega, explicó que el requerimiento fue hecho por el interno y que su resolución puede demorar algunos meses más. “Hay un proceso que debe cumplirse. Se debe cursar opinión al fiscal, llamar a una junta médica que determina la salud del interno y con ese informe, se puede resolver el pedido. Paralelamente, el Ministerio de Gobierno realiza un estudio en el domicilio donde se alojará al detenido y si este espacio cumple con los requisitos, como por ejemplo, tener una línea de teléfono fijo”, explicó Vega. El otro caso lo lleva adelante la titular del Juzgado de Ejecución Penal.
Al ser consultado por la falta de colocación de las pulseras, el ministro de Gobierno Emilio Baistrocchi manifestó que “la provincia tiene a disposición todo para la implementación del programa pero la realidad indica que hasta el momento no hay ninguna pulsera en uso”.
Entrega de pulseras
En julio de 2016 llegaron a San Juan funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la empresa Surley para hacer entrega del equipamiento al ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi. José Ignacio Moreno, asesor de la Dirección Nacional de Readaptación Social, dependiente del Gobierno Nacional, fue el encargado de entregar los 30 aparatos y de las capacitaciones. Distintos profesionales recibieron instrucciones durante una semana sobre el funcionamiento técnico del sistema, y en la contención psicosocial para los beneficiados.
