Tras renunciar a su puesto de juez penal para evitar un proceso de destitución, Pablo Flores fue procesado por incumplimiento de sus deberes de funcionario público al entregarle, de manera irregular, una camioneta 4×4 a quien entonces dirigía el Depósito Judicial, el excomisario Gustavo Padilla. Sin embargo, el tiempo pasó y no hubo otro avance vital en la causa, por lo que la Justicia lo desvinculó el jueves por lo que se denomina prescripción.
De acuerdo al Código Penal, la investigación contra un sospechoso se extingue o queda en la nada cuando la Justicia, en determinados plazos, no lleva adelante medidas clave del proceso. Flores estaba imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito que tiene una escala de castigos que van de un mes a dos años de prisión. En este caso, la norma contempla el máximo de la sanción como el tiempo límite para su juzgamiento. No obstante, la prescripción se interrumpe o vuelve a cero cuando el imputado comete otro delito, se lo indaga, su expediente es elevado a juicio, se lo cita al debate o se lo condena, aunque no esté firme. En el recorrido del expediente, el exjuez fue interrogado el 28 de octubre de 2020, por lo que, en dos años (el máximo de la escala del delito), la causa debía ser, por lo menos, elevada a juicio para que se frenara la prescripción, cosa que no sucedió, por lo que operó la extinción de la acción penal. Así, desde la Unidad Conclusiva de Causas del viejo sistema penal lo sobreseyeron por prescripción, informó su abogado Iván Roman.
Tras la indagatoria, el entonces juez Correccional Alberto Caballero lo había procesado en febrero de 2021 y su defensor había apelado. El expediente recayó en la Cámara Penal, en la que se confirmó el procesamiento "hace un par de meses", señaló Román, por lo que la causa no se llegó a elevar a juicio.
De acuerdo al expediente, tras una denuncia, el entonces juez ordenó la búsqueda y el secuestro de un vehículo en septiembre de 2017. En diferentes operativos, la Policía recuperó distintas movilidades, entre las que se encontraba una Toyota Hilux, la que fue a parar al Depósito Judicial de 9 de Julio, área que estaba a cargo de Padilla. Según las fuentes, el hoy excomisario le solicitó a Flores, a cargo del Segundo de Instrucción, que le entregara la camioneta como depositario judicial, cosa que hizo en mayo de 2019.
No obstante, en la resolución consta que el exjuez contaba con elementos que lo obligaban a enviar el expediente a la Justicia Federal para que investigara, dado que es su competencia, ya que el título de propiedad, la cédula verde y la cédula de autorizado de la Toyota eran apócrifas.
Al cederle la Toyota al ex jefe del Depósito Judicial, Flores se arrogó una facultad que no es suya, ya que sólo la Corte puede disponer de los vehículos a favor de instituciones para fines específicos. Inclusive, un tribunal puede entregar efectos "provisoriamente" a quien "acredite tener derechos sobre ellos", cosa que el comisario no cumplía, había resaltado Caballero en sus fundamentos.
El exjuez había declarado que "cometió un error" al ignorar el procedimiento del Código Procesal Penal, aunque Caballero había considerado que Flores conocía a Padilla, lo que surgió de las declaraciones de una empleada. A su vez, el excomisario fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso en septiembre de 2021.
Renuncia
Pablo Flores renunció a su cargo de juez del Segundo de Instrucción en agosto de 2020 y, así, evitó un juicio de destitución por el Jurado de Enjuiciamiento. Al perder sus fueros, fue investigado por la Justicia y hasta fue procesado, aunque su causa prescribió.
Condena
La jueza Mónica Lucero, del Tercero Correccional, condenó en noviembre de 2021 a 6 meses de prisión en suspenso a Gustavo Padilla, el excomisario que estuvo a cargo del Depósito Judicial, quien recibió la camioneta del exjuez Flores y la utilizó para fines particulares.