El juez federal Sebastián Ramos quedó a cargo de la denuncia penal por el hackeo de la cuenta de la red social Twitter de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ocurrido el jueves por la tarde.
El magistrado y la fiscal Paloma Ochoa tomaron intervención en el caso por ser los funcionarios judiciales que estaban de turno en la feria judicial para atender casos en los que interviniera la policía.
Fuentes judiciales y del ministerio de Seguridad informaron que la División Delitos Informáticos de la Policía Federal se encuentra realizando medidas de prueba ordenadas por el juez para intentar identificar a quien boicoteó la cuenta.
El juez Ramos dispuso, entre otras medidas, que fueran analizadas las computadoras desde las cuales pudo haber sido abierta la cuenta de Twitter de Bullrich.
La cuenta de la ministra de Seguridad fue hackeada y se introdujeron con su firma mensajes contrarios al gobierno nacional, insultos y un teléfono de la funcionaria. ‘Hago de manera oficial mi renuncia como ministra de Seguridad‘, señala el primer mensaje, de una serie de diez, que se emitieron desde el hackeo.