La Oficina Anticorrupción, que comanda la macrista Laura Alonso, reflotó un escándalo que salió a la luz en 2014 y plasmó en marzo una denuncia contra la gestión giojista. La presentación se basa en las declaraciones de autoridades de una empresa norteamericana, dedicada al mantenimiento y reparación de motores de aviones, que reconocieron en una causa en ese país que en 2008 pagaron coimas a funcionarios de "la oficina del gobernador de San Juan" para, supuestamente, mantener los contratos. La denuncia menciona sobornos que van de 5 mil a 15 mil dólares y recayó en la Justicia Federal con asiento en la provincia. Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron que el fiscal Francisco Maldonado firmó una resolución en la que señaló que el caso no es de competencia federal y ahora debe decidir el juez Leopoldo Rago Gallo. Si bien la opinión del agente del Ministerio Público no es vinculante, marca un camino para el magistrado, por lo que el expediente está muy cerca de desembarcar en la Justicia provincial.
La movida causó sorpresa en el ambiente político, teniendo en cuenta que la nueva gestión de la Oficina Anticorrupción viene de fines de 2015 y recién ahora radicó la denuncia. Como los hechos se produjeron en 2008, fuentes judiciales consultadas analizaron si la causa estaba prescripta. Algunas de ellas dijeron que si se determinase que hay funcionarios sospechados, la prescripción se suspendió hasta que por lo menos hayan dejado de tener un cargo público.
En los tribunales ordinarios ya se encuentra la causa por los supuestos sobreprecios en los pagos de la ART de los estatales (ver dato). Y según las fuentes, Maldonado entendió que la Justicia provincial debe analizar la denuncia de la Oficina Anticorrupción, ya que en la presunta maniobra no aparecen funcionarios nacionales sino una supuesta vinculación entre una empresa y sanjuaninos. De hecho, en la denuncia no figura ningún nombre sino que se habla de manera genérica.
La compañía involucrada es Dallas Airmotive Inc., que en 2014 admitió el pago de sobornos a funcionarios latinoamericanos, entre los que incluyó a los de San Juan, a cambio de abonar una multa de 14 millones de dólares para que se le desestimaran los cargos en su contra por violar la norma que castiga las prácticas corruptas en el extranjero. En la exposición figura que la firma, a través de sus empleados y agentes, envió el pago de sobornos desde su cuenta en Nueva York hacia la de un representante comercial en Argentina, "a sabiendas que los fondos, al menos en parte, serían transferidos a funcionarios de la oficina del gobernador". Y detalla que el 7 de febrero de 2008 hubo un mail entre directivos y agentes de la empresa, en el que se informaba un aumento de la "comisión" que le iban a pagar al representante comercial de Argentina, quien a su vez iba a transferir a San Juan un soborno de 5 mil dólares. Y el 11 de marzo de ese año, hubo un pedido de autorización para la reparación de motores. Tres días después hubo respuesta: el OK del trabajo debería ascender a una comisión de 15 mil dólares por motor, según el expediente.
Cuando estalló el caso en 2014, la gestión giojista había negado cualquier vínculo con Dallas Airmotive y que la firma Aviaser se encargaba del mantenimiento del parque aeronáutico. En la denuncia se señala que Dallas Airmotive transfería las coimas a través de acuerdos con compañías ficticias, pagos a terceros o la entrega de dádivas, como vacaciones pagas.
Comisión
15
Mil dólares por motor fue el monto por una presunta coima que se autorizó en marzo de 2008. En la denuncia figura otra "comisión" por 5 mil dólares en febrero de ese año.
Cadena de implicados
En la denuncia de la Oficina Anticorrupción figura que en la declaración de hechos estampados en el acuerdo de enjuiciamiento diferido que realizó Dallas Airmotive en Estados Unidos, la empresa indicó que entre 2008 y 2012 además "sobornó a funcionarios de la Fuerza Aérea Brasileña, la Fuerza Aérea Peruana y la oficina del gobernador del Estado brasileño de Roraima"
La Oficina Anticorrupción es una secretaría que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Según las fuentes, su titular, Laura Alonso, presentó en marzo la denuncia contra la gestión giojista en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Así, el fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi enviaron la presentación al Juzgado Federal Nº2 de San Juan. Tras la postura del fiscal Francisco Maldonado, el magistrado Leopoldo Rago Gallo debe definir si envía la causa al juzgado de turno de la Justicia provincial.
Todo se desencadenó cuando Dallas Airmotive accedió a un acuerdo de enjuiciamiento diferido en Estados Unidos, en el que pagó 14 millones de pesos de multa para que la Justicia norteamericana desistiera de los cargos en su contra por sobornar a funcionarios latinoamericanos. A cambio, reconoció con quién hizo las maniobras.