Condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió esta tarde otro duro revés judicial en su lucha por evitar quedar tras las rejas y ser candidato en las elecciones de octubre. Por mayoría de votos, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el pedido de habeas corpus preventivo que había interpuesto su defensa para que el exmandatario pudiera apelar la sentencia en libertad.
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“Lo que se pretende es la reafirmación del principio constitucional básico de presunción de inocencia que sirve para proteger a cualquier ciudadano”, reclamó el abogado de Lula, José Paulo Sepúlveda Pertence, ante el STJ, en Brasilia, aunque tres de sus cinco miembros ya votaron contra la solicitud.
Ahora, en teoría, Lula podría ser detenido después de que el Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF-4), en Porto Alegre, termine de analizar las aclaraciones que su defensa había solicitado a esa corte de segunda instancia, que a fines de enero confirmó el fallo condenatorio contra el expresidente. Se espera que el TRF-4 publique sus esclarecimientos en el transcurso del próximo mes. Entonces, los abogados del máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) podrían interponer recursos especiales tanto ante el STJ como ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir su prisión sobre la base de errores en el proceso o violaciones de principios jurídicos.
La defensa de Lula ya había presentado también un pedido de habeas corpus preventivo ante el STF, pero todavía no tiene fecha para ser juzgado y, con la decisión del STJ ahora, queda prácticamente superado. De cualquier manera, el propio STF ya consideró un pedido similar el año pasado y en aquel momento entendió que luego de una condena en segunda instancia ya debe empezar a cumplirse la pena impuesta.
Esta complicada batalla legal se da mientras Lula es el favorito para los comicios de octubre, con un 36% de las intenciones de voto según las últimas encuestas. La legislación electoral brasileña -por la llamada “Ley de Ficha Limpia”- no permite que una persona condenada en segunda instancia por un órgano colegiado sea candidato a un cargo electivo. De todas maneras, el PT adelantó que intentará registrar la candidatura del expresidente “sub judice”, en tanto se agoten todos los recursos ante las instancias superiores.
En el marco de la Operación Lava Jato, en julio de 2016 el juez federal Sergio Moro condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero. Lo halló culpable de recibir como “soborno en especie” un departamento tríplex de la constructora OAS a cambio de haberle garantizado a la empresa jugosos contratos con Petrobras durante su gobierno (2003-2010). En enero, el TRF-4 ratificó la sentencia de Moro y amplió la pena a 12 años y un mes de reclusión.