La Justicia penal de Montevideo, Uruguay, desestimó la acción de habeas corpus presentada por el diputado del Parlasur Fabián "Pepín" Rodríguez Simón (Cambiemos), por lo que el dirigente macrista no logró la herramienta judicial con la que pretendía evitar su detención.
La decisión fue adoptada por el juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Marcelo Malvar, ante quien Rodríguez Simón había presentado un segundo habeas corpus –el primero fue rechazado el 7 de mayo- en el que sostuvo que es víctima de una persecución política y la justicia argentina busca detenerlo de forma arbitraria, informaron fuentes judiciales.
Rodríguez Simón está acusado en la Argentina de haber extorsionado y amenazado al empresario Cristóbal López, en nombre de Macri, para que apoyara al gobierno de Cambiemos o de lo contrario iba a provocarle perjuicios económicos. Estaba citado a declarar como sospechoso el 17 de junio, pero ante la idea de que iba a ser detenido, “Pepín” pidió asilo como refugiado político en Uruguay. Y presentó un habeas corpus en busca de protección judicial.
“El rechazo es absolutamente correcto en términos procesales”, dijo el exasesor de Macri.
El juez Malvar dijo en su resolución que Rodríguez Simón “estaba dispuesto a sujetarse” a la Justicia uruguaya, tanto si se ejecuta la orden de detención como el pedido de extradición. En el escrito, el juez dejó constancia de que Rodríguez Simón manifestó que fue seguido y fotografiado por desconocidos en actitud de vigilancia y que “no vinculó estas acciones con acciones del Estado uruguayo ni sus organismos”.
El juez escribió que Rodríguez Simón, mas allá de esta sentencia y de “los procesos venideros, tiene el derecho a ser protegido en sus derechos, especialmente su vida e integridad”, porque así lo mandan la ley y su condición de solicitante de refugio. El magistrado uruguayo dijo que esta protección “es inherente a su condición de ser humano y que no está fuera del proceso de habeas corpus, que incluso puede iniciarse de oficio”.
Malvar hizo dos exhortaciones: al propio “Pepín” y a sus abogados a que denuncien si existe alguna amenaza sobre sus derechos y al Estado uruguayo (especialmente al Ministerio del Interior e Interpol) a que “en caso de ser detenido se vele con especial cuidado por la vida, integridad física, intimidad y el honor” del acusado.
La jueza federal María Servini había afirmado en su pedio de captura que estaban dadas “las condiciones para decretar la rebeldía” de Rodríguez Simón y “ordenar su inmediata captura nacional e internacional”. La magistrada dispuso además la inhibición general de bienes del acusado, que es parlamentario del Mercosur y amigo del expresidente Macri.
Los delitos por los que la jueza pidió la captura de Rodríguez Simón son los de amenazas y extorsión. Y en el pedido de detención, enumeró que hay evidencias de reuniones del exasesor con empresarios allegados a López en el negocio del juego y llamadas telefónicas realizadas de manera contemporánea con esos encuentros donde supuestamente se ejercieron las presiones.
Apenas supo del pedido de captura, “Pepín” pidió asilo como refugiado al Estado uruguayo. Rodríguez Simón está citado a declarar el 17 de junio, acusado de haber integrado una presunta asociación ilícita “organizada con el objetivo de perseguir empresarios”, en el expediente iniciado por una denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa. La decisión de pedir asilo causó sorpresa en Juntos por el Cambio.
