Este martes, en una sesión especial en la Legislatura, los diputados sanjuaninos aprobaron por unanimidad el Presupuesto 2019. Hubo intentos de modificar un artículo, pero la movida finalmente no prosperó. La nueva ley contempla para el año próximo un total de 2.657 millones de pesos más que los previstos para este año, es decir un crecimiento del 84%, al pasar de 3.180 millones de pesos del cálculo para el 2018 a 5.837 millones de pesos para el 2019.
El nuevo sistema de reparto de recursos, que fue consensuado con los intendentes luego de intensas negociaciones, se pondrá en práctica por primera vez para el año próximo y tiene como ejes principales la cantidad de habitantes en cada departamento y los hogares pobres y contempla que ningún intendente recibirá menos dinero que hasta ahora, un dato fundamental para el año próximo, cuando hay elecciones, y todos los jefes comunales, los que repiten y los que apoyan a algún sucesor, se quieren lucir.
A los 5.836,9 millones de pesos, que es la masa neta coparticipable, se le sumarán 317,2 millones, que forman parte del Fondo de Emergencias, que es para atender, por ejemplo, contingencias climáticas y desastres naturales. También habrá otros 190,3 millones, del Fondo de Desarrollo Municipal, que es para proyectos de desarrollo que presenten las comunas. En total, el dinero que recibirán las municipalidades ascenderá a 6.344,5 millones de pesos.
Con este nuevo sistema de reparto hubo ganadores y perdedores. Por ejemplo Capital resignó casi 4,5 puntos, al pasar de un coeficiente de 19,28 a 14,72%, mientras que Caucete pasó de 6,36 a 5,25%. Igual, la Ciudad de San Juan recibirá la mayor suma, de 859,2 millones de pesos, mientras que la Ciudad del Este cosechará 306,4 millones de pesos. Entre las comunas que sumaron porcentaje se encuentran Angaco, que pasó de 2,27 a 3,11% y Calingasta que trepó de 2,41 a 3,14%.
El proyecto de presupuesto para el 2019 es de 65.163,8 millones de pesos y es un 53% superior al de este año, que fue de 42.534,8 millones de pesos. Y contempla un 25% de fondos para obras públicas, que ascienden a unos 16.000 millones de pesos, que apuntan a sostener el empleo en la provincia, según explicó el ministro Gattoni el pasado viernes en Diputados.
Entre otros aspectos destacados, el 60% de la partida presupuestaria estará destinada al gasto social, como por ejemplo asistencia sanitaria y salud. Y también el Gobierno provincial ha tenido que aportar cerca de 1.500 millones de pesos para hacerse cargo del subsidio al transporte y a la tarifa social de la factura eléctrica, que la Nación ha dejado de pagar.
También se ha incorporado por primera vez a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), con una partida de 3.500 millones de pesos, una parte de los cuales estarán destinados a la construcción del Acueducto Gran Tulum.