Un posible aumento de los combustibles líquidos, de alrededor del 3% a partir de julio, está bajo análisis en el Ministerio de Energía de la Nación. El incremento se daría en el marco de la revisión trimestral acordada entre el Gobierno nacional y las petroleras, para seguir la evolución en el sector. Así lo reconoció la titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, Analía Salguero, quien afirmó que “puede ser que sea así”.
De aplicarse la suba, la segunda del año después de la que tuvo lugar en enero, que fue del 8%, afectaría sólo a las naftas y al gasoil y no al gas natural comprimido (GNC).
A partir de un acuerdo entre el Gobierno nacional y las petroleras, los importes de las naftas y del gasoil atraviesan revisiones estacionales trimestrales, en las que se tienen en cuenta una serie de variables para decidir una suba o una baja. Por ejemplo, en abril pasado la decisión pasó por una reducción del 2,6% en el precio del gasoil y del 0,1 en la nafta. Entre esas variables están la cotización del peso frente al dólar, el valor del petróleo crudo (Brent), los costos locales y los de los biocombustibles (etanol-biodiesel). De ese análisis surge el 3%, que será contemplado en un encuentro que tendrán en los próximos días el ministro del área, Juan José Aranguren, con los representantes de las petroleras que operan en el país. Incluso así lo consigna la agencia de noticias DyN. La duda está en que, aun cuando los números indiquen que corresponde un reajuste de los valores, si se va a llevar a la práctica en un contexto preelectoral y cuando el Gobierno nacional está haciendo un esfuerzo por contener el aumento inflacionario.
De aplicarse la suba, en el caso de la nafta común, que está a 19,84 pesos en promedio, sería de unos 60 centavos, y treparía a 20,44 pesos. En el caso del gasoil, que está a 17,44 pesos en promedio, la suba de unos 50 centavos llevaría el valor a 17,94 pesos.
Sobre un posible aumento de los combustibles líquidos, también opinó el vicepresidente de la Cámara que los agrupa, Bernardo Turcumán. Según el empresario, un aumento “es posible”, aunque aclaró que “no debería darse porque la cotización internacional del petróleo está en baja”. Y sostuvo que tampoco el dólar ha tenido una suba considerable como para que se justifique un retoque de los valores.
Valores
En abril pasado se produjo el último retoque en los precios de los combustibles dispuesto por el Gobierno nacional. Y, al contrario de lo que ocurre siempre, fue con una rebaja del 2,6% en el precio del gasoil y del 0,1 para la nafta. En enero habían subido un incremento del 8%.
En declaraciones a DyN, el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), expresó que “parece indefectible que alguna modificación a la suba de precios va a haber”, pero prefirió no arriesgar cifra o porcentaje. “Si bien es cierto que el crudo hoy está en baja, aumentó durante el último trimestre y también el tipo de cambio”, puntualizó.
Para que los usuarios puedan comparar precios, desde abril pasado el Ministerio de Energía puso en marcha una aplicación, disponible también para el celular, que permite ver los precios de los combustibles en cualquier punto del país y determinar el expendedor que tenga los valores más convenientes. Un relevamiento en la provincia con la aplicación permitió determinar que el departamento Calingasta es el que tiene los precios más caros de la provincia, casi 70 centavos en el caso de la nafta súper, y alrededor de 1,50 pesos en el caso del gasoil.
Puede afectar negativamente
Lucila Avelín Cesco – Economista
El precio del combustible es uno de los valores clave de una economía y, como tal, un eventual aumento puede generar múltiples efectos. Por un lado, representaría un incremento de los costos de transporte, que se transfiere en gran medida a los precios de los productos, impactando sobre el índice de inflación. Esta presión no sólo iría en contra de lograr alcanzar la exigente meta inflacionaria fijada por el BCRA sino que recaería también sobre la confianza del consumidor, complicando la recuperación del consumo privado y las decisiones de inversión, a excepción del sector petrolífero.
También se verían afectadas las economías regionales y la industria, ya que se atentaría contra la competitividad de los productos exportables.
En un contexto como el actual, de incipiente recuperación de la actividad económica, una medida de estas características puede afectar negativamente la consolidación del crecimiento, la recuperación del consumo privado y el control de las expectativas inflacionarias.