Existe un mecanismo de revisión periódica muy importante, pero poco conocido, que verifica por parte de la ONU cuál es el nivel de cumplimiento de todos los países del orbe que la componen, en relación al Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (PIEDESC).
El tratado o pacto (PIEDESC) data de 1966 y es uno de los instrumentos principales de la ONU que fundan el orden jurídico internacional que se vio plasmado desde su fundación.
En el marco del tratado internacional referido funciona un comité de expertos provenientes de 18 países que están encargados anualmente de pasar revista al estado de situación que arrojan ciertos indicadores claves de la realidad de cada nación.
El Estado argentino en materia de decisiones de política económica y financiera no pueden desconocer sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos del PIEDESC.
En cumplimiento de dicho mecanismo de evaluación y revisión el Comité de Expertos exploró en este año 2018 la situación del PIEDESC respecto de las circunstancias factuales en las cuales pudieran están comprendidas las obligaciones que el país ha asumido desde la vigencia del instrumento pre mencionado.
Cabe apuntar también que dicho PIEDESC forma parte de los tratados que están elevados a la categoría de superiores a las leyes internas del país, a partir de lo que dispone la Constitución Nacional, desde 1994 con la reforma que se vio gestada en esa ocasión. Y es en el art. 75, inc. 22, donde al PIEDESC se otorga de manera directa jerarquía constitucional dentro de una colección de once instrumentos internacionales de derechos humanos que enumera taxativamente la carta magna.
Una especial revisión se llevo a cabo este año por el Comité con motivo de analizar la situación real de las obligaciones del PIEDESC en el marco de las cláusulas que se han suscripto en el marco del acuerdo y sus modificatorias con el Fondo Monetario Internacional.
Luego de escuchar a distintas organizaciones que son consultadas especialmente y de ingresar el informe correspectivo que brindó el gobierno federal a través del Secretario Abruj, el Comité de Expertos brindó las conclusiones finales de la evaluación.
Algunas de las observaciones han sido las siguientes: Que el Estado argentino en materia de decisiones de política económica y financiera no pueden desconocer sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos del PIEDESC.
Que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "debería haber tenido en cuenta esos compromisos y que, en ningún caso, las medidas que se deriven de ese acuerdo pueden implicar el recorte de políticas que garantizan derechos sociales.”
Llamó la atención del Comité los recortes en los programas de seguridad social -como la baja de las pensiones por discapacidad- y el desempleo -en particular el de las mujeres jóvenes.Todo esta debacle, fue fruto de diez años de despilfarro y corrupción que afectó al país.
También fue observado con preocupación el debilitamiento de las instituciones gubernamentales como la degradación del Ministerio de Trabajo.
En la misma línea se marcó lo problemático que puede resultar la disminución o desnaturalización del estándar del Ministerio de Salud de la Nación.
Tuvo un apartado referido a la regulación del comercio exterior concerniente a la reducción del cobro de retenciones a las exportaciones de productos primarios, señalando que se debe analizar esa medida en relación al impacto que puede reflejar en el desfinanciamiento de los programas que forma parte de las obligaciones ante la vigencia plena PIEDESC.
Por el Dr. Mario Luna y Fabián Núñez
Expresidente y exasesor del Concejo Deliberante de Jáchal, respectivamente.