Desde el próximo miércoles, el juez penal Pablo Flores, del Segundo de Instrucción, tendrá cinco días hábiles para presentar un informe, una suerte de primer acto defensivo, sobre la denuncia en su contra por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, que está en manos del Jurado de Enjuiciamiento. El tema es que desde octubre del año pasado viene con licencia médica, lo que ha llamado la atención en Tribunales ante la posibilidad de que se desencadene el proceso de destitución. En base a ese antecedente, ¿habrá un planteo de que no está en condiciones de enfrentar un juicio por cuestiones de salud? Si lo hiciese, ¿se archivaría la causa en su contra? Hay quienes dicen que sí, pero entonces podría dispararse otro Jury por la supuesta incapacidad, ya que si no puede encarar un debate en su contra no podría ejercer sus funciones como magistrado. Interrogantes e hipótesis que se irán develando a medida que se vayan cumpliendo las distintas etapas.
Flores fue denunciado en octubre por el entonces juez interino Juan Pablo Ortega, luego de un pedido de la fiscal Claudia Salica. El entonces titular del Primero Correccional consideró que se debe investigar el vínculo del magistrado con el exjefe del Depósito Judicial, Gustavo Padilla, ya que le entregó una camioneta Toyota 4×4 como depositario judicial, cuando se trata de una facultad exclusiva de la Corte de Justicia. "Me comí un articulito", le había dicho Flores a este medio. Y el comisario usó el vehículo para ir y venir de su casa y salir al campo con amigos, es decir, para fines particulares.
El 22 de octubre, el titular del Segundo de Instrucción presentó su primer pedido de licencia por razones de salud de "largo tratamiento". De acuerdo al comunicado que había brindado la Dirección de Comunicación Institucional de la Corte, Flores había acercado un certificado médico de un instituto cardiológico en el que se argumentaba que tuvo un episodio de arritmia y los profesionales le recomendaban reposo físico y psíquico por 20 días. Desde entonces, el magistrado siguió extendiendo su permiso sanitario hasta la actualidad, al punto que fuentes judiciales destacaron que no hizo ninguna petición para estar incluido dentro de los grupos de riesgo y ser dispensado durante la feria judicial extraordinaria por el aislamiento obligatorio. Por su ausencia, su juzgado viene siendo subrogado por otros jueces penales.
Para ser investigado tras la denuncia de Ortega, el Jurado de Enjuiciamiento comenzó con el proceso a fines del año pasado, pero el trámite se detuvo por el recambio de integrantes del Tribunal y se frenó por las restricciones del aislamiento. El Jury inició su actividad la semana pasada y, entre otros puntos (Ver recuadro), el martes lo notificarán de la denuncia en su contra y le entregarán toda la documentación. A partir del día siguiente, tendrá cinco días para presentar su primer descargo, si así lo desea, ya que "su silencio no constituye presunción en su contra". En ese plazo, se verá si esgrime el tema de su salud. En Tribunales reconocen que, si bien viene demostrando ante la Corte que no puede ejercer su función, es difícil probar ante el Jurado de Enjuiciamiento que está incapacitado para estar en un proceso de destitución. Si lo llegase a demostrar, estaría reconociendo que no puede seguir cumpliendo sus tareas como juez. Por lo tanto, se abrirían las condiciones para un nuevo Jury por incapacidad sobreviniente, ya sea por un problema físico o psíquico, explicaron las fuentes.
- Notificación e informe
Tras la falta de actividad debido al aislamiento por la pandemia, el Jurado de Enjuiciamiento comenzó la semana pasada con sus actividades. El jueves, las autoridades pusieron primera en la causa contra el juez Pablo Flores, del Segundo de Instrucción. Así, fuentes calificadas indicaron que el martes se le notificará al magistrado de la existencia de la denuncia en su contra, la cual irá acompañada con toda la documentación, por lo que comenzará a correr el plazo de cinco días para presentar el informe, a partir del miércoles. Además, se le hará conocer sobre la integración del Jurado (por lo que el magistrado podrá recusar a algún integrante, si lo considera necesario) y también de la designación de la persona a cargo de su defensa oficial. Ese rol lo cumplirá Rosa Sancasssani de Venturín, luego de que Mónica Seffair y Lisandro Zapata se excusaran de asistir a Flores por amistad y enemistad, respectivamente.
El magistrado podrá responder con un informe, que es una especie de primera defensa. Luego, el presidente del tribunal, Daniel Olivares Yapur, llamará al Jurado para que, dentro de 15 días, admitan o rechacen el pedido de remoción. Si lo aceptan, se lo notificará al Fiscal General de la Corte, quien tendrá otros 15 días para formular o no acusación.