El gobierno de Chubut ha promulgado la ley provincial XVII-Nº 52 destinada a promover y recompensar la caza de zorros colorados y pumas a fin de "solucionar el conflicto entre los depredadores y el ganado", destinando fondos públicos para incentivar la muerte de estos animales silvestres, pagando hasta 5.000 pesos por cada piel y cráneo de las especies.
La polémica norma incluye capacitaciones para colocar adecuadamente las trampas, como también obliga a los propietarios de campos a controlar a los animales silvestres o colaborar para que otros lo hagan. Además se crea una Comisión de las Especies Depredadoras de la Ganadería, donde están ausentes la comunidad académica y científica, como también las organizaciones ambientales y sociales.
Como ha observado la Fundación Vida Silvestre Argentina esta legislación queda a merced de intereses unilaterales ya que la única representación de la sociedad civil es de la Federación de Sociedades Rurales de la Provincia de Chubut, supuesta beneficiaria de la matanza oficial de las especies de la fauna nativa. La legislación chubutense, que genera una ola de rechazos, carece de información científica que la sustente ya que los predadores son un eslabón fundamental en los ecosistemas incluyendo sinergias positivas incluso con la actividad ganadera.
En la práctica, la mayoría de zorros y pumas no predan sobre animales domésticos, pero protegen su territorio del ingreso de otros de su misma especie, convirtiéndose en aliados de la producción. Es así que poblaciones sanas de predadores previenen explosiones demográficas de otras especies, caso de las liebres europeas, y la experiencia indica que el uso de perros domésticos o asilvestrados suelen generar mayores daños que los carnívoros nativos, contribuyendo a la estigmatización de los silvestres, según los especialistas.
El problema entre productores agropecuarios y animales silvestres es tan antiguo como la actividad rural, con impacto negativo en las últimas décadas en los ecosistemas y las especies que los habitan por un desequilibrio en la biodiversidad, incluyendo el deterioro ambiental, de los suelos, la calidad del agua, y el avance de especies portadoras de zoonosis, entre otras consecuencias negativas.
Todas las campañas de control letal de predadores para beneficiar a un sector han demostrado ser obsoletas y contraproducentes, especialmente cuando todo indica que hay que trabajar por la preservación de la fauna autóctona.
Tanto en las provincias del Sur como en San Juan el cuidado de la fauna debe ser prioritario ya que hay que alentar el aumento de la población de animales autóctonos, de todas las especies como el caso de las abejas en grave peligro de extinción.