Julio De Vido, el exministro de Planificación kirchnerista y exdiputado nacional, perdió sus fueros por dos causas judiciales que lo complicaron: un desvío millonario para la reactivación de la mina de Río Turbio (Santa Cruz) y sobreprecios en la compra de gas licuado.
En cuanto a la primera causa, el juez federal Luis Rodríguez investiga el desvío de fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón de Río Turbio: acusa a De Vido de ser responsable de un fraude contra el Estado de al menos 264 millones de pesos.
Sin embargo, el monto de la estafa podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas 26.000 millones de pesos destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón), pero el tren no funciona y la mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo sólo 48.000 toneladas anuales.
Según el fallo de la Cámara Federal que ordenó su arresto, la maniobra defraudatoria se perpetró entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016 y consistió en la "ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional -concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz (YCRT)-, y su manejo a través de la Facultad Regional Santa Cruz, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la "Fundación Facultad Regional Santa Cruz".
La UTN tuvo un rol clave: Yacimientos Carboníferos Río Turbio y una fundación de la universidad firmaron 453 convenios y 90 adendas y la sospecha es que se trianguló con ese andamiaje legal para no hacer licitaciones públicas y posibilitar un desvío. El pedido de desafuero, detención e indagatoria había sido motorizada por el fiscal Carlos Stornelli a principios de julio y el juez Rodríguez lo rechazó, pero la Cámara Federal apuró el llamado a indagatorias y ordenó, en un segundo fallo, la detención del exministro de Planificación por entender que había peligro de destrucción de pruebas, a raíz del testimonio acercado por el senador electo Eduardo Costa y el interventor de YCRT Omar Zeidan que aludían a un intento de destrucción de expedientes.
Respecto a la segunda causa, el juez federal Claudio Bonadio investiga las compras de gas importado por unos 15.000 millones de dólares entre 2008 y 2015 a través de casi 500 barcos que llegaron a Bahía Blanca y a Escobar. Un peritaje que las defensas cuestionan indica que hubo un sobreprecio de casi 7.000 millones de dólares en esas operaciones.
El jueves pasado, cuando la orden de detención ya había sido dictada, De Vido fue procesado con prisión preventiva por "defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta". Lo mismo alcanzó a su ex mano derecha, Roberto Baratta, que fue secretario de Gestión y Control del Ministerio de Planificación, y quien quedó preso el mismo jueves. Según Bonadio, De Vido y Baratta "tuvieron en sus manos el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL (Gas Natural Licuado)". Para el juez, De Vido y Baratta "idearon semejante estructura para importar GNL utilizando a Enarsa en una primera etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos de GNL y luego tercerizando el proceso en otra empresa -YPF-, y a su vez conformada en parte por personal inidoneo que intervino en este proceso más por sus vínculos con autoridades del gobierno de turno que por sus conocimientos en la materia". DyN