La III Reunión de la Conferencia sobre Población y Desarrollo de América latina y el Caribe, realizada en Lima por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la región (Cepal), dio un informe acerca de la ejecución de los programas elaborados por el Consenso de Montevideo de 2014 sobre los derechos y las desigualdades sociales.
En general se observa un retroceso por la deficiente implementación de las políticas destinadas a fortalecer los derechos fundamentales, lo que crea mayores brechas de desigualdad social, no obstante los avances observados en algunos países. La considerable reducción de la pobreza, desde el inicio del siglo y hasta hace pocos años, se ha frenado por efecto de la situación de zonas con gran volumen de población o aumentos de ese indicador, dice la Cepal.
Pero destaca que la salud sexual en general ha mejorado y se ha logrado eliminar casi totalmente la transmisión del VIH/sida de madre a hijo, lo que revela un giro positivo en un tema que últimamente se reactualizó con polémica. La preocupación es la fecundidad adolescente de la región, que sigue siendo alta con respecto a la media mundial y no deseada por la mayoría de las jóvenes que se embarazan.
También la desigualdad de ingresos en Latinoamérica continúa siendo una de las más altas del mundo, pero con tendencia a la disminución, y pocos países registran incremento. La reducción de la pobreza con políticas de protección social se destaca como papel importante porque son transferencias a los sistemas de salud, pensiones, y educación.
Como este informe es regional y promedia la situación social y económica, no consigna los casos puntuales. Por ejemplo la situación deplorable en Venezuela, con índices de marginalidad social que arrastran negativamente las estadísticas de derechos básicos y desigualdades de la población.
La Cepal solamente advierte sobre las vicisitudes que muchas personas migrantes enfrentan en varios corredores migratorios, en la inserción en el destino, y en la expectativa del retorno. Todo enmarcado en la desigualdad, la violencia y la discriminación.
El panorama de desigualdades sociales plantea un desafío para los gobiernos de países de América latina y el Caribe. Fortalecer las políticas de salud, educación y seguridad, sin prebendas populistas, pueden cambiar la marginalidad para asegurar una vida digna a millones de personas.
