Esta semana se conoció que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, amenazó al mundialmente famoso dibujante del diario La Nación Nik. A la vez, dos enfermeras del Cimyn fueron sancionadas por negarse a practicar un aborto negando su conocida objeción de conciencia. Hay asuntos que nos abarcan como seres humanos, más allá de nuestras particularidades o diferencias. Quitar la vida a una persona no nacida con obvia alevosía contra alguien que no se puede defender es algo cercano a lo más bajo que se puede caer y una evidente contradicción a todo el Derecho Penal que protege la vida antes que cualquier otro derecho por razones también obvias, si no hay vida es imposible proteger otro derecho. Después de la vida sigue la libertad, sin libertad no podremos desarrollar plenamente nuestras capacidades, estaremos limitados por lo que otro piensa que debería ser lo que deseamos o lo que nos conviene. Dentro de las libertades, una de las principales y que no implica peligro para los demás, es la libertad de expresión. Por eso es la más absoluta de las libertades, todas las otras están condicionadas por eventuales daños a terceros. Sin libertad de expresión estaremos atados a lo que otro u otros piensan que sería lo correcto pensar y decir, ese es el terreno de la censura que felizmente abandonamos desde que volvió la democracia y nos alejamos del autoritarismo. Los miembros de los tres poderes del Estado pueden jurar por aquello que cada cual considere superior, Dios, las Escrituras Sagradas, la Patria, el Honor, pero están obligados a jurar por dos compromisos que no pueden eludirse: respetar y hacer respetar la Constitución Nacional. Hay funcionarios a quienes les toca más respetar la Constitución, toman decisiones a diario que deben ajustarse a esa ley. A otros, menos en cantidad, les tocan las dos obligaciones, respetar la Constitución y hacer respetar la Constitución. Quien está más alcanzado por ese juramento es el ministro de Seguridad, que tiene bajo su mando el monopolio de la fuerza pública para proteger a los ciudadanos de aquellos que violan la ley. No puede ser esa figura la primera que viola la ley y menos aún una de las principales, la de la restricción de la libertad de expresión. La amenaza es, ante todo, un intento de restricción de la libertad mediante una promesa de futuro ejercicio de violencia u otras variantes. El amenazador espera que el amenazado haga algo que no quiere o deje de hacer algo que quiere. Más vil es cuando la amenaza es indirecta, cuando se sugiere que se perjudicará lo que más ama el amenazado, su debilidad: su familia, sus hijos. Nadie tiene más acceso a nuestros secretos que quien controla la Policía Federal y los Servicios de Inteligencia pero le está prohibido conocerlos salvo autorización judicial, lo contrario es espionaje interno. Los Servicios de Inteligencia son para cuidarnos de enemigos externos no de adversarios internos. Aníbal Fernández, en el caso Nik, ha violado todos estos principios. Además, hay que ver si quien amenaza tiene capacidad de concretar esa intimidación porque muchas veces se tiene la certeza de que carece de los medios para llevar a cabo su objetivo o por lo menos se duda o se piensa que pudo haber sido el resultado de una bronca del momento. Vaya si Aníbal tiene esa capacidad, es quien maneja las armas, es quien ostenta la placa del sheriff. En cuanto a lo de bronca del momento, aquí quedó todo escrito en Twitter, de modo que debe entenderse que el individuo tomó varias decisiones previas, prender su dispositivo, abrir la aplicación, escribir y enviar el escrito, es decir, indudable premeditación. No cabe decir "me interpretaron mal" o la conocida excusa "me sacaron de contexto". Nada tenía que ver el hecho criticado por el periodista gráfico, el regalo de viaje de fin de curso para todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires lugar en que el Gobierno perdió las elecciones primarias, con la escuela a la que asisten las hijas del periodista Nik, algo que Aníbal no tenía por qué saber. No cabe duda de que se trató de una conducta impropia como es la de alguien que intenta hacer variar las decisiones de otro ostentando una inmensa diferencia de poder. En cualquier país civilizado del mundo esto costaría un inmediato pedido de renuncia. La sola exposición pública de grabaciones privadas de contenido semejante ordenadas a sus subordinados, costó el cargo y el prestigio al presidente de los Estados Unidos Richard Nixon. Una pregunta político-electoral: ¿Qué efecto positivo para su partido y sus candidatos esperaba obtener Aníbal desafiando a Nik? Parece evidente la alta pérdida de sensibilidad práctica. Hay una causa penal iniciada y un pedido de juicio político de la oposición pero más allá de las consecuencias que ellas pudieran tener en el campo legal, al igual que la sanción a las enfermeras a quienes no se respetó la objeción de conciencia, la acción de Aníbal nos abarca a todos como seres humanos. La vida y la libertad están en juego. Hoy, no sólo los periodistas y médicos, todos debemos ser las enfermeras y Nik.