El deporte brasileño se encuentra, sin quererlo, en el horizonte sin fin de la gran trama de corrupción descubierta alrededor de la petrolera estatal Petrobras. Nadie sabe aún, tras el Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, la cantidad que fue desviada de las obras requeridas para organizar los dos mayores eventos deportivos del mundo.
Las primeras irregularidades aparecieron con la construcción o reforma de los 12 estadios en los que se jugó la Copa del Mundo de fútbol. Fue el propio Gobierno brasileño, entonces liderado por Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT), el que presionó a la Federación Internacional de Fútbol para que el torneo se disputara en doce ciudades, entre ellas cuatro con una nula tradición futbolística: Brasilia, Manaus, Natal y Cuiabá.
En 2007, cuando fue elegido sede del Mundial de 2014, la candidatura brasileña presentó a la FIFA un coste estimado de unos 1.100 millones de dólares para la construcción o reforma de los doce estadios con un proyecto en el que todo el dinero saldría de la iniciativa privada. El coste final, sin embargo, fue de unos 8.900 millones de reales (casi 3.000 millones de dólares de la época); el 92 % salió de las arcas públicas y apenas el 8 % fue aportado por privados.
Sólo la reforma del famoso estadio de Maracaná de Río de Janeiro tuvo unos costes un 75 % superiores a los calculados, y acabó saliendo por 1.200 millones de reales (unos 383 millones de dólares), pese a que ya había sido remodelado en 2007 en motivo de los Juegos Panamericanos.
El estadio más caro fue el de Brasilia, que debía costar 745 millones de reales (238 millones de dólares) y terminó por 1.400 millones de reales (447 millones de dólares), un 87,8 % más.
El único que salió más barato fue el Castelao de Fortaleza, que costó 20 millones de reales (166 millones de dólares), un 16 % menos de lo proyectado inicialmente.
Según las delaciones de exejecutivos de las principales constructoras del país, en algunos casos, como en Brasilia, Río de Janeiro o Manaus, los gobernadores recibieron sobornos de las empresas a cambio de la concesión de las obras. Además, varias de las obras de movilidad urbana que acompañaban el Mundial ni siquiera salieron del papel, mientras que otras que fueron iniciadas pararon tras destaparse el caso Petrobras, en 2014.
Los desvíos continuaron durante la preparación de los Juegos Olímpicos, celebrados en Río en agosto de 2016, con las mismas constructoras involucradas. De hecho, la corrupción vinculada a la candidatura olímpica de Río 2016 podría haber empezado incluso antes de ser elegida ganadora por el Comité Olímpico Internacional: la Fiscalía francesa investiga un posible pago de 2 millones de dólares a miembros del COI para votar a su favor.
Más de siete meses después de haber finalizado los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, todavía nadie conoce la cuantía de los desvíos de las obras de la cita olímpica, cuyo presupuesto total era de casi 12.500 millones de dólares.
Una cuarta parte, unos 3.325 millones de dólares fue destinado a la construcción de la línea 4 del metro, considerada la mayor obra de movilidad en Río para los Juegos Olímpicos.
El gasto total con el metro fue el doble del previsto inicialmente y, según el Tribunal de Cuentas del Estado (TCE), hubo desvíos de al menos 2.500 millones de reales (unos 805 millones de dólares).
Se sabe que las obras del Parque de Deodoro, donde se disputaron varias competiciones olímpicas, tuvieron una sobrefacturación de unos 27 millones de dólares.
El Parque Olímpico, donde se concentraron la mayoría de competiciones deportivas, tuvo un coste de casi 1.000
millones de dólares. Todas las obras contaron con la aprobación del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro (TCE-RJ), pero cinco de sus siete consejeros acaban de ser detenidos acusados de cobrar comisiones por el 1 % de las obras.
El exgobernador de Río de Janeiro Sérgio Cabral (2007-2014), cuyo mandato estuvo marcado por las obras del Mundial y los Juegos, está en prisión desde noviembre pasado acusado, entre otros delitos, del cobro del 5 % de las obras.