A lo largo del juicio en contra del pediatra Ricardo Russo que le valió una condena de 10 años, la fiscal Daniela Dupuy, la encargada de investigarlo y ordenar su arresto en mayo de este año en el playón de estacionamiento del hospital Garrahan, habló de “1.500 víctimas” individuales. 1.500 niños y niñas en el archivo de material pedófilo que Russo acumuló en su casa, en discos rígidos y computadoras, y hasta en la misma máquina de su consultorio en el hospital donde llegó a ser un médico apreciado y querido, un referente, el jefe de inmunología y reumatología del centro médico símbolo de la pediatría en el país, que disertaba en congresos alrededor del mundo.
De esas 1.500 víctimas, solo dos tienen nombre y apellido en el expediente. Son hermanas mellizas, ex pacientes de Russo en el Garrahan. Sus fotos fueron encontradas en una computadora de su casa. Las imágenes fueron tomadas en su consultorio, en el marco de una consulta; Russo trataba a las hermanas por una compleja enfermedad.
En noviembre de 2015, Russo las acostó en su camilla y pidió permiso para correr de lado la ropa interior de las menores, que tenían apenas seis años, y fotografió sus genitales con su teléfono celular. La madre, presente en la sala, aceptó. No tenía motivos para sospechar. Todo lo contrario. La madre de las niñas confiaba plenamente en Russo. La sorpresa fue obvia cuando la Justicia la contactó para decirle lo que pasaba: el médico fue quien había curado a sus hijas.
Así, en el marco de una asimetría de poder total, en la vulnerabilidad de una madre y sus hijas enfermas, Russo consiguió lo que quiso: tomó nueve imágenes y las conservó. No solo fotografió a las hermanas. Volvió a hacerlo entre julio de 2017 y octubre de 2018 con otras supuestas pacientes suyas, que no fueron identificadas hasta hoy. Russo era descuidado con sus fotos: guardaba material pedófilo hasta en la computadora de su consultorio, donde había otras 90 imágenes prohibidas.
De esta manera, el pediatra se garantizó la parte más dura de la imputación en su contra: es que tanto la fiscal Dupuy como el Juzgado Contravencional Nº6 a cargo del doctor Gonzalo Rúa lo consideraron un productor de pornografía infantil. En su discurso antes de la condena, el juez fue más allá en la tipología penal. No habló de pornografía: habló directamente de abuso.
Russo aseguraba que esas fotos habían sido tomadas por razones médicas, afirmó que eran “para un congreso”. Dupuy llevó tres especialistas al tribunal que aseguraron que no había necesidad alguna de realizar esas imágenes. El juez descartó el argumento rápidamente. Rúa aseguró “¿Por qué si las fotografías eran para un congreso no lo acreditó? ¿Por qué no pidió que se realice pericia alguna? ¿Por qué no trajo pruebas de que compartió esas imágenes con colegas, por qué no se guardaron en la computadora del hospital y sí en su domicilio? ¿Por qué no documentó esa visita médica en la historia clínica de la paciente?”.
Después estaba todo el resto de la monstruosidad, más de 1.500 videos y fotos repartidas entre el Garrahan, su cámara, su teléfono y su casa; 66 videos estaban en la notebook del médico, con términos como “kidcam” o “lollyfuck”.
El material, peritado por un analista de Gendarmería reveló sexo explícito, adultos que penetran a menores, incluso bebés. Russo habló de descargas “por error”. El juez Rúa no se lo creyó tampoco. Le recordó al pediatra antes de condenarlo que usó el programa eMule para bajar y compartir más de 200 fotos prohibidas, lo que llevó a que la agencia estadounidense Homeland Security diera la alerta en su contra que llevó a su caída.
Había patrones, cosas en común. Los consumidores de pornografía infantil en la Argentina suelen ser sumamente específicos. Un hombre detenido dos años atrás en Capital Federal, un exitoso profesional de poco menos de 50 años, acumulaba, por ejemplo, solo imágenes eróticas de varones obesos de 8, 9 y 10 años de edad. Se limitan por lo general a un género, un tipo de cuerpo, un rango de edad. En el consultorio de Russo se encontró algo que se repetía entre sus archivos: los genitales de nenas, siempre menores a 13 años.
Y había una pose que también se repetía, lo mismo que Russo hizo en el consultorio con sus pacientes: correr la ropa interior con la mano. Un psiquiatra que declaró en el juicio habló de tentar los límites, cruzar de la idea a la realidad. En su audiencia de prisión preventiva se exhibió una imagen incautada al médico donde se ve a una niña vestida con disfraces y bijouterie, en poses sensuales, una escenografía de tormento.
Las mellizas y su madre fueron representadas por un asesor tutelar, un abogado parte del Ministerio Público porteño que vela por los intereses de las víctimas: el abogado fue parte del proceso y se pronunció con su propio alegato en el tribunal que condenó al médico. Las mellizas y la madre no pidieron contención psicológica. Tampoco pidieron declarar. La defensa pidió su testimonio en el juicio, que finalmente no se concretó.
La cantidad de material encontrado y el rol de Russo como médico jefe del Garrahan fueron algunos agravantes considerados por Rúa para la pena: diez años de cárcel es algo inédito para un productor de pornografía infantil: los pedófilos que consumen material prohibido y son capturados suelen arreglar juicios rápidos y abreviados con defensores oficiales. La fiscal Dupuy no estaba dispuesta a ningún arreglo: era el juicio oral y público, o nada.
Russo dejó la audiencia tras recibir su condena rodeado de policías, sin esposas en sus manos. No dormirá en su casa. El Servicio Penitenciario Federal deberá determinar dónde lo encierra. Su abogado, Ricardo Izquierdo, anunció que apelará el veredicto.