La defensa de Lázaro Báez pidió hoy al juez Sebastián Casanello la excarcelación en dos causas por lavado de dinero y por las que está detenido. Ayer, a instancias de la Cámara Federal de Casación, el Tribunal Oral Federal 4 cesó su prisión preventiva por la causa de la “ruta del dinero k”, en medio del juicio oral que se está desarrollando y que está en la etapa previa a los alegatos. Según Casación, no podía extenderse su arresto que ya lleva 3 años y ocho meses.
Liberado en ese expediente, la defensa de Baez pidió hoy entonces a Casanello que le levante la preventiva en las otras dos causas que pesan sobre él con detención: la compra del campo El Entrevero y una maniobra para inyectar dinero en Austral a través de otra empresa de la familia Báez denominada “M&P”. Lo hizo en base a las nuevas pautas del Código Procesal Penal que pone límites a las prisiones preventivas.
El caso de M&P está en este momento en manos de Casanello, luego de que el fiscal Guillermo Marijuán pidió la elevación a juicio, mientras que el caso de El Entrevero estaba siendo analizado por la Cámara Federal para establecer si se confirman o no los procesamientos. El lunes, de hecho, hay una audiencia prevista para escuchar a las partes, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Por ese campo, de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños. Leonardo Fariña contó que se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando ya se había roto la relación con el entorno de Báez, el campo quedó a nombre de otra sociedad de nombre Jumey SA, presidida por el contador Daniel Pérez Gadín.
Por lo pronto, Casanello juez corrió ahora vista al fiscal Guillermo Marijuán por la causa “M&P”, quien deberá dar una opinión sobre el tema en las próximas horas. Su palabra, según el nuevo Código Procesal, es vinculante para definir si se accede a una morigeración en su estado de arresto.
En esa causa, una suerte de tercer capítulo de la ruta del dinero K (la segunda ya fue elevada), Báez está procesado desde junio de este año. La resolución fue confirmada hace un mes por la Cámara Federal. Además del empresario, fueron procesados Martín y Luciana Báez y otras 15 personas.
La maniobra investigada no podía hacerse sin la participación de las sociedades fantasmas, técnicamente denominadas "sociedades afines a la intermediación financiera marginal" o "cuevas financieras".
Esas empresas, según la Justicia, recibían dinero en negro, lo depositaban en las cuentas de otra empresa de la familia Báez, “M&P”, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios.