El detenido empresario Lázaro Báez y sus cuatro hijos se sentaron ayer por primera vez en el banquillo de los acusados para enfrentar un juicio oral por lavado de dinero obtenido de manera ilícita con obra pública durante el kirchnerismo conocida como "la ruta del dinero K".
Los Báez y otros 20 procesados están acusados por maniobras para ingresar al circuito financiero legal al menos 60 millones de dólares y ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) reclamaron la suspensión del juicio aludiendo a distintas irregularidades.
Los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el miércoles de la próxima semana, cuando resolverán sobre una catarata de planteos hechos para frenar el juicio por la llamada "ruta del dinero K" .
El abogado de Báez, Victor Hortel, abrió la etapa dedicada a las cuestiones previas pasado el mediodía al reclamar la nulidad de la elevación a juicio del caso, y pidió que se suspenda el debate hasta que se resuelva una recusación presentada para apartar al juez suplente del caso, Rodrigo Giménez Uriburu.
Al planteo del abogado del dueño de Austral Construcciones siguieron con el mismo fin los de otros defensores de los 25 acusados, entre ellos los cuatro hijos de Báez, Martín, Leandro, Luciana y Melina.
Con distintos argumentos, las defensas de otros acusados se sumaron al planteo sobre este juez, quien desde febrero próximo integrará el Tribunal Oral Federal 2 que iniciará el juicio contra la expresidenta Cristina Fernández y otros acusados por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Báez arribó junto a los otros dos detenidos del caso, su excontador Daniel Pérez Gadín y su exabogado Jorge Chueco. De sport, con una campera polar color ladrillo, el dueño de Austral Construcciones ingresó a la sala escoltado por agentes del Servicio Penitenciario Federal y se sentó junto a Martín Báez, uno de sus cuatro hijos.
Dos filas más atrás estaban ya desde un rato antes los otros tres hijos del dueño de "Austral Construcciones", también juzgados por lavado de dinero, Luciana, Leandro y Melina.
Los tres se saludaron con su padre e intercambiaron gestos y miradas durante los intervalos de la audiencia, que tiene lugar en la sala AMIA del edificio de Comodoro Py 2002.
Los restantes 20 acusados se ubicaron a lo largo de cinco filas de asientos, con sus abogados, y fueron levantando la mano de a uno al ser nombrados por el presidente del Tribunal, Néstor Costabel, quien buscaba individualizar a cada uno de ellos.
Entre los juzgados están el exmarido de la vedette Ileana Calabró, Fabián Rossi, el imputado protegido Leonardo Fariña -ubicado al fondo de la sala-, el financista Federico Elaskar, el también preso excontador de los Báez, Daniel Perez Gadin, y su hijo Sebastián, y el exabogado Jorge Chueco.
En esta causa llegarán a juicio oral en febrero próximo la expresidenta Cristina Kirchner, el detenido exministro de Planificación Julio De Vido y también Lázaro Báez. En el juicio por la "ruta del dinero K" se espera escuchar a 91 testigos en audiencias que serán los miércoles durante, como mínimo, seis meses.
El circuito para el lavado de dinero
Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros 20 procesados están acusados de montar "una estructura jurídica y bancaria en el país y en el extranjero" para ingresar al circuito económico formal y dar "apariencia de legalidad" unos 60 millones de dólares a través de diferentes maniobras. Entre ellas, enumeró la compra de bonos de deuda pública argentina para su posterior reintroducción al mercado local mediante activos que ingresaron al patrimonio de Austral Construcciones. También se juzga el episodio conocido como "la Rosadita", cuando Martín Báez, Rossi y otros juzgados fueron filmados en la exfinanciera SGI, de Puerto Madero, contando cinco millones de dólares que habían transportado desde Río Gallegos en un avión privado. Los fondos, según la acusación, tuvieron origen "en ganancia ilegítimamente obtenida por el grupo empresario de Lázaro Báez en el marco de un amplio escenario de corrupción en la obra pública".