Llegará a la Justicia una presunta venta ilegal de terrenos de un gremio

Tal cual lo establece la ley, cuando el gremio Foeva encaró en 1972 el barrio del mismo nombre en Rivadavia reservó dos terrenos para que fueran de dominio público y allí se construyeran una escuela, un centro de jubilados o una comisaría, por ejemplo, aunque nunca se terminaron de donar. Con el paso del tiempo, los inmuebles se convirtieron en plazas. De hecho, una de ellas fue inaugurada en tres ocasiones por tres gobernadores distintos en su historia, según contaron los vecinos. Pero en los últimos cuatro años se dieron maniobras sospechosas que hicieron que los actuales espacios verdes terminaran en manos privadas, al punto de que uno de ellos ya fue cerrado por un particular y que, según fuentes oficiales, reclamaría 12 millones de pesos para su expropiación. El reclamo vecinal llegó a oídos de la gestión uñaquista, que hizo las primeras averiguaciones y decidió que Fiscalía de Estado ponga una denuncia para que se investigue si hubo una estafa.

La presentación se hará esta semana o la que viene y fue confirmada por el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y el fiscal de Estado, Jorge Alvo. En principio, la denuncia no apuntará contra nadie y el objetivo es desentrañar la trama en el Barrio Foeva y determinar responsables de la supuesta irregularidad. En el Ejecutivo quieren además desterrar de cuajo si hay maniobras de oportunistas para negociar y quedarse con terrenos del Estado al aprovecharse de huecos durante la registración de los inmuebles.

De acuerdo a la documentación, el gremio Foeva logró tener en 1972 el OK de Planeamiento para hacer el barrio luego de que reservara dos terrenos que debían ser donados al municipio para lo que se denomina equipamiento (escuela, comisarías, centro de salud, por ejemplo), tal cual exige el Código de Edificación. Por ende, dichos espacios no pueden ser vendidos a privados, explicaron en Fiscalía de Estado.

Según los registros oficiales, en una reunión nacional de Foeva en 2008 se ratificó la cesión de uno de los inmuebles, llamado "Fracción A", de 3.261 metros cuadrados, en el que una parte importante iba al municipio de Rivadavia y la restante, a un centro de jubilados. La tarea de llevar a cabo la donación fue encargada a Alberto Novaro, pero no hay constancias de que se haya efectuado. En cuanto al otro terreno, denominado "Fracción C" (ver infografía), de unos 1.600 metros cuadrados, tampoco hay datos de que haya sido cedido a la comuna.

De hecho, las plazas, que en el plano se llaman "Fracción A y C", fueron entregadas bajo la figura de dación de pago (una cancelación por una prestación de servicio) a Paola Oliver Balaguer en 2014 por un total de casi 270 mil pesos, según los registros. La mujer a su vez habría transferido la "Fracción A" por un millón de pesos a un condominio integrado por Sergio Irimia Cadenas y Adrián y Gabriel Nacimof, aunque no está inscripta la compraventa. Con respecto a la "Fracción C", también la vendió en 2017 a Juan Carlos Lirio por 300 mil pesos, de acuerdo a los informes.

Este último fue el que cerró la plaza de 1.600 metros cuadrados y que, según afirman en el Ejecutivo, dejó trascender que está dispuesto a que el Estado le expropie el terreno por 12 millones de pesos. Inclusive, el municipio de Rivadavia sacó una ordenanza en la que declaró al predio de utilidad pública y sujeto a expropiación. Pero Baistrocchi y Alvo se mostraron sorprendidos por la movida, ya que no se puede expropiar algo que estaba reservado en su origen para un fin público, por lo que estaban revisando esa situación (Ver Ordenanza ….).

En todo ese escenario, la Justicia deberá evaluar, entre otros puntos, el accionar de los representantes gremiales y si los compradores actuaron de buena fe.

• Ordenanza y revisión   

El 26 de marzo, el Gobierno inauguró la Comisaría 28 en el Barrio Foeva. En esa oportunidad, los vecinos le plantearon a las autoridades provinciales y municipales la situación de la plaza cerrada. Así, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que declaró la utilidad pública del terreno, el cual quedó sujeto a expropiación.

El fiscal de Estado, Jorge Alvo, explicó que la norma municipal contiene contradicciones, ya que señala que el motivo de la medida es para que continúe el uso público que venía teniendo de hace tiempo. Por otro lado, fuentes de Gobierno señalaron que también indica que se expropie la plaza, por lo que se está reconociendo que es de dominio público. En ese marco, destacaron que una de las características que hacen que un inmueble sea de dominio público es la afectación que tenga. El riesgo radica en que otra interpretación apunte a que al expropiar se estaría reconociendo el carácter privado del bien y la comuna tenga que pagar por algo que está reservado para su dominio. Por otro lado, hay versiones que señalan que Lirio elaboró un proyecto de obra en la plaza y que ha presentado los planos en el municipio, el cual ha sido aprobado y hasta se le ha cobrado la tasa de construcción.