Distendidos. La gobernadora fueguina, Rosana Bertone, y su par de Jujuy, Gerardo Morales, participaron de la conferencia de prensa.

 

El Ministerio de Hacienda destacó ayer 11 puntos como los principales compromisos asumidos con los gobernadores provinciales consolidados en un documento denominado Consenso Fiscal. Desde la administración nacional se consideró que se ha alcanzado un “acuerdo histórico entre el gobierno nacional y las provincias”, con la “firma de un nuevo Pacto Fiscal”.

De los 11 “compromisos principales” se destacó el acuerdo por el Fondo del Conurbano que le otorgará a la provincia de Buenos Aires $40.000 millones extras en 2018.

Este entendimiento tiene como contrapartida que las provincias desistan de juicios contra el Estado nacional por $340.000 millones, mientras que el gobierno bonaerense que encabeza María Eugenia Vidal desiste de las demandas contra la Nación por un total de $400.000 millones.

La única excepción a este acuerdo bilateral Nación-Provincias corresponde a San Luis, que, por ahora, parece decidida a continuar sus planteos ante la Suprema Corte de Justicia. Otra decisión de magnitud, consensuada, consiste en el compromiso de las provincias de reducir progresivamente el impuesto a los ingresos brutos en un volumen equivalente a 1,5% del PBI nacional dentro de un período de 5 años.

Entre los tres aspectos más relevantes de este acuerdo se destaca también el compromiso de las provincias de mantener su gasto constante en términos reales durante los próximos años, pero no es menos significativa la decisión conjunta de involucrar a los municipios a asumir en sus jurisdicciones una serie de pautas de responsabilidad fiscal.

En este contexto es que el Ministerio de Hacienda describió los compromisos principales que se detallan a continuación: 1- Impuestos distorsivos: compromiso de las provincias para bajar impuestos distorsivos (Impuesto sobre los Ingresos Brutos y sellos) por 1,5% del PBI en los próximos 5 años. 2- Ley de Responsabilidad Fiscal: compromiso para aprobar y adherir al proyecto de una nueva ley de responsabilidad fiscal.

Las provincias mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años. 3- Acuerdo por el Fondo del Conurbano: $40.000 millones en 2018 y $65.000 millones en 2019 para Provincia Buenos Aires.

4- Ley de Ganancias: derogación del articulo 104. 5-. Juicios: todas las provincias (menos San Luis) acordaron desistir de los juicios contra el Gobierno Nacional ($340.000 millones las provincias y $400.000 millones de Provincia de Buenos Aires por lo perdido desde 1996 por el congelamiento del fondo del conurbano).

6- Ley de revalúo impositivo: se coparticipará el impuesto. 7- Impuesto al cheque: 100% a la Anses. 8- Régimen previsional: a) Se acordó tratar un proyecto de ley en el congreso para que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y por inflación: b) Se acordó garantizar que las jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil. Eliminar las jubilaciones de privilegio. 9- Cajas previsionales no transferidas: el Gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit de las cajas previsionales no transferidas.

10- Ley de responsabilidad fiscal para municipios: las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar una ley de responsabilidad fiscal en los municipios de cada una de sus jurisdicciones. 11- Impuesto inmobiliario: las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo a las valuaciones de mercado.

 

San Luis no quiere resignar lo ganado

El vicegobernador de San Luis, Carlos Ponce, explicó que la provincia no suscribió el acuerdo fiscal como el resto de los estados por considerar insuficiente la propuesta del gobierno nacional y por imponerse una consulta con la Fiscalía de Estado, aunque por la tarde se reunió a solas con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, e informó que seguirán conversando. “Era un tema complicado para San Luis; entendiendo que tenemos dos juicios con sentencia firme, que representan alrededor de 18 mil millones de pesos, y otros sin sentencia. En total, representan 32 mil millones”, señaló Ponce.