El dictamen de mayoría del proyecto de ley de reforma judicial, que busca diluir el poder de los tribunales federales de Comodoro Py y crea cámaras de apelaciones en las provincias, quedó en condiciones de ser debatido en el recinto entre el jueves y viernes próximos tras ser ingresado en mesa de entradas del Senado.
Pero el texto final distribuido por el bloque del Frente de Todos la noche del jueves agregó un inciso que multiplicó el rechazo inicial de la oposición y sumó a muchas otras voces en contra: obliga a los jueces a denunciar cualquier "intento de influencia" por parte de "grupos mediáticos" lo que fue leído como un cepo a los medios de comunicación y un campo fértil para minar la libertad de prensa.
Por impulso del senador ultra K Oscar Parrilli, el ladero de Cristina Kirchner en el Senado, en el proyecto figura el artículo 72, que dice así: "Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán dar estricto cumplimiento a las reglas de actuación que a continuación se indican, en el desarrollo de la función judicial que le ha sido encomendada".
Luego se enumeran las reglas de actuación de los jueces, y dice que una de ellas, mencionada en el inciso "e", será la obligación de "comunicar en forma inmediata al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo".
En el proyecto original que envió al Senado el Poder Ejecutivo, la palabra "mediáticos" no figuraba.
El inciso "e" del artículo 70 -que es prácticamente el mismo, pero con la numeración cambiada- obligaba a los jueces a "comunicar en forma inmediata al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo".
La palabra "mediáticos" fue agregada por pedido del senador Oscar Parrilli, exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia y uno de los alfiles de máxima confianza de CFK.
En el debate de las comisiones, en el Senado, Parrilli pidió cambiar el artículo para condicionar el trabajo de los medios. En su intervención del 4 de agosto, el día en que expuso en las comisiones la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, Parrilli pidió la modificación.
"Si bien (el inciso e) habla de "amistades o grupos de presión", acá es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos", dijo Parrilli durante su intervención virtual en el plenario. "Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, desprestigiar y denigrar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o causa. Aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque así ha ocurrido en los últimos tiempos", agregó.
Diversas voces de los medios y de la política coincidieron que este cambio desvirtúa el reforma judicial y refuerza la idea de que con este Gobierno "Argentina va derecho a ser Venezuela".
- Los ejes del proyecto
En el primero de sus artículos, la Reforma Judicial que el Senado se dispone a darle media sanción la semana que viene dispone la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También crea 23 Juzgados (se duplica el número actual) en lo Penal Federal con asiento en CABA que pasarán a identificarse con los números 24 a 46.
Se fijó un plazo de dos años para la instrumentación del Código Procesal Penal Federal que deberá implementar el nuevo sistema acusatorio, con mayor rol de los fiscales.
Además, contempla la creación de nuevas cámaras de apelaciones y sus respectivos distritos judiciales, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales.
Entre otros de los cambios incluidos, están las relacionadas con el sorteo de la causas y, en ese sentido, se aclaró que se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad.
Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, además de las audiencias públicas y se garantizará la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia. No obstante, se resolvió finalmente no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en CABA, pero para resolver los conflictos de competencia (que generan muchos atrasos en las decisiones judiciales) se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver estas cuestiones preliminares.