Cuando un juez provincial se declaró incompetente para intervenir por considerar que con la maniobra delictiva se había afectado el patrimonio nacional, el juez federal que recibió el caso, Leopoldo Rago Gallo, quedó convencido de que los implicados, un puntero del justicialismo de Chimbas, su hija estudiante de medicina y su hermano funcionario en la Gerencia de Empleo y Capacitación, no solo habían estafado al Estado Nacional quedándose con un porcentaje de los planes sociales manejados por el puntero político; el juez les atribuyó también ser parte de una asociación ilícita y los procesó con prisión preventiva. Entonces las defensas de los imputados apelaron y pidieron su excarcelación. Y un tribunal federal de Mendoza les dio la razón en uno de sus reclamos: a padre e hija les concedió la libertad previo pago de una fianza de $150.000, por entender que no se fugarán ni entorpecerán la investigación. Así lo informó el defensor de esos implicados, Fernando Bonomo, quien citó otros fallos en apoyo de sus argumentos, entre los que también incluyó la falta de antecedentes y el arraigo de sus clientes. Y los jueces Juan Ignacio Pérez Curci, Manuel Alberto Pizarro y Alfredo Rafael Porras, le dieron la razón al letrado.
La defensa del funcionario procesado no fue a Mendoza a mantener el recurso de apelación y se lo dieron por desistido. Pero ya le pidieron al juez Rago Gallo que le conceda la excarcelación, y todo indica que la conseguirán por el mismo monto de fianza.
Los imputados en cuestión son el puntero del PJ en Chimbas, Romeo Isidoro Saavedra, su hija Sol Araceli (21) y el funcionario nacional al momento del hecho, Juan José Saavedra, parte clave en el caso pues por sus manos pasaba la aprobación de esos planes, dijeron fuentes judiciales.
Que las asociaciones civiles con administración de beneficios sociales se quedaban con parte de la plata de los adjudicatarios, era un secreto a voces. Pero la mañana del 20 de diciembre pasado el asunto se convirtió en una realidad inapelable, cuando Romeo Saavedra fue detenido en el Banco Hipotecario con 51 tarjetas y unos 80.000 pesos extraídos con esos plásticos. Para todas las tarjetas, usaba una misma clave o pin.
Cuando cayó, intentó explicar que los beneficiarios le daban sus tarjetas para que él cobrara, pero la investigación reveló una trama más compleja. Y la hipótesis pasó a ser que la hija del puntero ofrecía esos planes a estudiantes, entre otros, que el hermano funcionario de Romeo, Juan José, se encargaba de agilizarlos para que los cobren y, una vez que las tarjetas eran habilitadas, se las pedían a los favorecidos y Romeo iba a cobrar. Pero del total, los beneficiarios sólo recibían un porcentaje: por ejemplo, en casos de un monto de $1.800, al titular del plan sólo le quedaban unos $800, el resto iba a parar a los Saavedra.
Excarcelarlos fue acertado. Legalmente, no había motivos para mantenerlos presos
FERNANDO BONOMO – Abogado defensor
