Si nos remitimos a los números, se debe aceptar el avance significativo alcanzado por la política impulsada desde 2015 para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Hay un saldo positivo con 47% más de delincuentes apresados y un crecimiento exponencial de drogas incautadas, un 182% de cocaína y 900% de drogas sintéticas, según datos oficiales.

Claro que la Argentina hace tiempo que dejó de ser un país de tránsito, ya que la expansión de la droga la mueve una lucrativa cadena productiva que incluye el procesamiento, tráfico, distribución y actividades vinculadas al empleo de precursores químicos, al lavado de activos y todo esto desarrollado por el asentamiento de bandas internacionales. Se suma la corrupción pública y privada por connivencia de narcos con miembros de la política, la justicia y empresas que facilitan los ilícitos.

Desmantelar o por lo menos controlar al crimen organizado con medidas efectivas, es fundamental. Ahora el Estado incauta los cuantiosos bienes del narcotráfico, como ha ocurrido en San Juan con las 112.000 hectáreas de campos ubicados en Calingasta y en poder del Cártel de Juárez desde la década del ’90. La Corte de Justicia ha transferido a la provincia esa propiedad, como lo ha hecho en Buenos Aires con inmuebles y vehículos y millones de dólares.

Aunque parezca insólito, nunca el Estado ponía empeño en recuperar los bienes de los narcos detenidos. Esas enormes posesiones eran recuperadas por los delincuentes al terminar la condena o los usufructuaban sus cómplices. El decomiso es tan importante como el plan de Fortalecimiento de la Justicia Federal con la creación de 202 nuevos cargos para ubicarlos en las zonas más calientes como Rosario, la provincia de Buenos Aires y el noroeste y noreste del país.

En esta estrategia resulta fundamental la celeridad de la Justicia, en particular en la disposición de la droga secuestrada y su eliminación inmediata, de manera que pasado un tiempo no desaparezca de los juzgados y vuelva a la clandestinidad debido a funcionarios cooptados por los narcos.

Urge, además, disponer de la infraestructura adecuada para atender esta lucha casi desigual. Se sigue careciendo de la radarización prometida para detectar aeronaves furtivas y de hornos pirolíticos para incinerar de inmediato los estupefacientes incautados.

Los desafíos que demanda el combate contra los cárteles es una política de Estado con todo lo que significa.