Pese a las voces de rechazo de parte de la Justicia y del gobierno entrante, el presidente Mauricio Macri creó la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados. El nuevo organismo tendrá a su cargo "la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos" que colaboren "de modo trascendente y eficiente" en una investigación judicial de competencia federal.
La medida se puso en marcha a través del decreto 795 publicado ayer en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y miembros de su gabinete. La nueva agencia funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero "con el carácter de ente autárquico dotado de autonomía funcional".
"Transcurridos más de 15 años de vigencia de la Ley Nº 25.764 (que implementó ese programa) y, en especial, la experiencia recogida en los últimos años, se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente", señaló el Poder Ejecutivo en los fundamentos de la medida.
Además del cambio de estatus del Programa, la norma deja al mismo tiempo abierta la posibilidad de que denunciantes de hechos de corrupción puedan ser incluidos en el alcance de medidas protectivas, al señalar que su alcance puede ser ampliado a "delitos vinculados a la delincuencia organizada o de violencia institucional".
El tema había sido adelantado la semana pasada por el titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano, al considerar que debía ser un ente "autárquico" y que tuviera independencia del Poder Ejecutivo.
La norma publicada ayer transfiere además al nuevo organismo "el cargo de Director Nacional, el personal y la totalidad de los bienes, activos, presupuesto vigente y patrimonio" de los que hasta ahora era el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.
El decreto dice puntualmente que la agencia está destinada a "la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal y lo previsto por la Ley Nº 23.737 y sus modificatorias". Pero agrega que podrá incluir "fundadamente otros casos no previstos en el primer párrafo cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable".
La norma además crea un Consejo Consultivo que supervisará su funcionamiento y elaborará una propuesta para designar al director de la nueva agencia.
El decreto recoge el espíritu de una petición empujada desde un sector de la sociedad civil a través de la plataforma change.org, que lleva reunidas 100 mil firmas (http://www.change.org/testigosprotegidos).
De qué se trata
Las medidas de protección a testigos e imputados pueden ser, entre otras: custodia personal o domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica, asistencia para la reinserción laboral y suministro de documentación que acredite identidad a nombre supuesto, entre otras.