Como una bomba que causó sumo malestar. Así cayeron en la Justicia Federal las declaraciones que dio a este medio el presidente del máximo tribunal judicial de la provincia, Adolfo Caballero. Es que había lanzado una dura advertencia al fiscal federal Francisco Maldonado, quien imputó por delitos de lesa humanidad al cortista local Juan Carlos Caballero Vidal.
“El que haga esa imputación va a tener que probarlo muy bien porque se expone también a que se le vuelva la cosa en contra. No porque sea fiscal se va a llevar a todo el mundo por delante. Si se equivocó en la imputación, si ha habido mala fe, el fiscal es responsable por sus actos también”, había disparado. No sólo hubo bronca en Fiscalía sino también en el Juzgado que conduce Leopoldo Rago Gallo. Este último y Maldonado prefirieron no hablar, pero desde sus entornos señalaron que no vieron con buenos ojos semejantes afirmaciones del representante de uno de los poderes del Estado sanjuanino sobre la actuación y la decisión de un miembro del sistema judicial que tiene competencia nacional.
A través de un comunicado de prensa, Caballero apostó a dar una versión diferente de lo que le había manifestado a DIARIO DE CUYO. Desde el área de prensa informaron que “al expresarse en cuanto a las consecuencias que podría traer la citada acusación se refería expresamente a la figura del testigo del caso y no del fiscal federal que elevó el requerimiento formal al juez”.
En segundo término, que “al utilizar la palabra ‘consecuencias’, significó el efecto a nivel procesal de la testimonial, debido exclusivamente a que el testigo, de avocarse el juez al requerimiento, deberá probar oportunamente lo que asegura, bajo apercibimiento de, en caso de no poder hacerlo, someterse a las penalidades correspondientes al falso testimonio”. En líneas generales, le apuntó al testigo Pedro Bayugar, quien con sus dichos en el segundo megajuicio de lesa humanidad disparó la investigación contra Caballero Vidal. Así, intentó despegarse de cualquier advertencia a Maldonado. Sin embargo, ante este medio no anduvo con vueltas y había indicado además que “sea juez, fiscal, o quien sea, tiene que tener las pruebas, la evidencia. Son delitos graves los que están imputando. No es tan fácil. Puede incurrir en mala praxis, mala fe”. Ante la repregunta si sospechaba que había mala fe por parte del representante del Ministerio Público, había indicado que “no lo sé”.
En el segundo megajuicio, el abogado Bayugar declaró que en 1977 le había presentado un hábeas corpus a Caballero Vidal, por entonces juez de primera instancia, para rastrear el paradero y pedir la libertad de Héctor Cevinelli, quien había sido secuestrado, torturado y al que además le habían robado en su casa. La víctima recuperó su libertad y Bayugar se reunió con el hoy cortista para contarle la novedad y ver cómo hacía para recuperar los efectos robados.
Fue en ese momento que contó que Caballero Vidal sacó una pistola 9 milímetros del cajón, la puso sobre el escritorio y le dijo que “supongo que tendrán poderosas razones para olvidarse de todo lo sucedido”. Ante el comentario, el abogado le dijo que sí, se retiró y le dijo a la esposa de Cevinelli que dejaran de lado esos detalles, ya que su marido había aparecido y era lo importante.
El Tribunal sacó copias del testimonio y las envió al Juzgado Federal Nº 2, que las trasladó a la Fiscalía. Tras analizar los elementos, Maldonado imputó a Caballero Vidal por delitos de lesa humanidad (ver recuadro).
Imputaciones y fueros
El fiscal Maldonado imputó a Juan Carlos Caballero Vidal como partícipe necesario de los delitos de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad y robo agravado, además de señalarlo como integrante de una asociación ilícita y de no promover la investigación penal en favor de una víctima de la dictadura.
Además consideró que el hoy cortista es el responsable de las amenazas al abogado Pedro Bayugar, quien defendía a Cevinelli. Caballero Vidal cuenta con fueros y como está en la mira de la Justicia Federal, sólo tiene inmunidad de arresto, por lo que puede ser indagado y si un juez considera que hay elementos suficientes, procesado y sentenciado. Según fuentes calificadas, la escala penal de los delitos que le imputan contemplan la excarcelación.