A dos años de la sanción de la ley de interrupción legal (ILE) y voluntaria (IVE) del embarazo, en el sistema público de salud de Argentina se reportaron 132.754 prácticas, se capacitó a más de 2.000 profesionales y hay 1.443 centros sanitarios que la garantizan en el país, informaron ayer funcionarios nacionales.
En un encuentro en Casa de Gobierno que cerró el presidente Alberto Fernández, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, junto a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; y funcionarias nacionales y provinciales, dio a conocer un informe sobre los avances y desafíos en la aplicación de la ley 27.610 de ILE/IVE, que hoy cumple dos años desde su sanción.
‘Lo mejor que tiene esta ley es que fue una lucha contra la hipocresía, fue un gran triunfo, y es un gran triunfo porque nos hace una sociedad mejor porque ampliamos derechos’, dijo Fernández. Y agregó: ‘Hemos logrado que para muchas mujeres deje de ser un problema lo que era un gran problema y porque tenemos que reconocer que fue un logro colectivo que en todo caso fue el gobierno que presido el que se decidió a impulsarlo desde el Poder Ejecutivo’.
Entre los datos más relevantes del informe oficial se conoció que hubo 59.267 interrupciones en el sistema público de salud de enero a septiembre de 2022 y 73.487 en 2021, contabilizando un total de 132.754 abortos.
Las prácticas se realizaron gracias a una red de 1.443 centros de salud y hospitales públicos que garantizan IVE/ILE en todo el país, lo que constituye 59,8% más de lo declarado en 2020 y 7,5% por encima de 2021.
En paralelo, 434 profesionales de la salud lograron certificaciones en el primer curso oficial sobre aborto, que se suman a más de 2.000 que recibieron actualizaciones acordes a la ley. Y la línea telefónica 0800 222 3444 de Salud Sexual recibió 13.752 consultas por IVE/ILE entre enero y octubre 2022 (89,8%) de un total de 33.735 llamados. A esa línea se comunicaron 18 personas con discapacidad solicitando asesoramiento por aborto, lo que motivó el refuerzo de estrategias de acceso, como ampliar el tiempo de atención para brindar información necesaria, utilizar recursos tecnológicos para asegurar accesibilidad y gestionar recursos de traslado para las personas usuarias de sillas de ruedas, entre otras, explicaron funcionarias de Salud.
Vizzotti destacó también que la medicación misoprostol, combipack (mifepristona + misoprostol) y el equipamiento para aspiración manual endouterina (AMEU) se distribuyen en todo el país mediante la logística del Programa Remediar y son de acceso gratuito.
Hasta ahora, hay producción pública de misoprostol en el laboratorio LIF de Santa Fe, en el Puntanos de San Luis y Profarse de Río Negro, que se utiliza para abastecimiento provincial.
Otro dato señalado por la ministra es que se incorporaron las prestaciones IVE/ILE en el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia) y en el Plan Sumar destinado a quienes no tienen cobertura formal de salud. Además, la educación sexual integral (ESI) incluyó contenidos sobre IVE/ILE y se realizaron capacitaciones masivas a docentes.
El 30 de diciembre de 2020 el Congreso sancionó la ley IVE/ILE, que se promulgó el 14 de enero de 2021 y contempla un modelo mixto de plazos y causales. Reconoce el derecho a la IVE hasta la semana catorce de gestación inclusive, con sólo expresar la decisión de abortar, sin tener que explicar motivos. A partir de la semana 15 de gestación también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante.
Es una ley de orden público, lo que significa que es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todo el país, en el sistema público de salud, obras sociales y prepagas que deben garantizarlo en forma gratuita.
Protocolo de Acción Integral de la OMS
Durante el encuentro en la Casa Rosada la ministra de Salud Carla Vizzotti presentó una actualización del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo con la incorporación de las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de este año. La OMS recomendó la despenalización total del aborto y que los estados desistan de criminalizar a las personas que interrumpen o ayudan a interrumpir un embarazo, a la vez que reconoció la autogestión del aborto (fuera del sistema de salud) como una práctica que puede ser segura y debe ser legitimada por los estados, reconociendo así el rol de los ámbitos comunitarios y de la sociedad civil que con información y entrenamiento adecuado pueden acompañarla.
El organismo internacional sumó que tanto obstétricas como el personal médico de todas las especialidades pueden ser proveedores de abortos seguros si tienen el entrenamiento adecuado, al igual que enfermeras, auxiliares de enfermería y farmacéuticos.
También instó a los estados a eliminar períodos de espera o reflexión, internación compulsiva para la práctica de un aborto, consentimiento de padres, cónyuges o representantes legales, incluso en el caso de adolescentes y personas con discapacidad, autorizaciones administrativas o por comités de ética y recetas con requerimientos excepcionales, entre otras.
Casi 5.000 prácticas de obras sociales
Las obras sociales de Argentina notificaron este año 4.966 prestaciones relacionadas con el acceso a interrupciones legales (ILE) y voluntarias (IVE) del embarazo, las que a dos años de la implementación de la ley de aborto legal muestra mayores adecuaciones en sus servicios para cumplir con la norma aunque el mayor reclamo es por demoras en la cobertura.
Estos son algunos de los datos que brindó la auditoria que realizó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La ley 27.610 de acceso a ILE/IVE que votó el Congreso el 30 de diciembre del 2020 y que se promulgó el 14 de enero de 2021, implicó que distintos organismos adecuaran sus estructuras para monitorear el cumplimiento de la norma.
Es lo que hizo la Superintendencia de Servicios de Salud a través de la Unidad de Género a cargo de Natalia Garozzo, jefa de Asesores del organismo. Así, en 2021 comenzó a monitorear 247 obras sociales de todo el país, de las cuales 228 (92%) son del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 19 (8%) de otras provincias, en relación a la implementación de la norma.
El universo auditado incluye casi al 90 por ciento de estas entidades, ya que en el país hay 297 obras sociales registradas.
El balance para este año, a punto de cumplirse el segundo aniversario de la votación de la ley, fue que esas obras sociales notificaron 4.966 prestaciones. ‘Vale aclarar que este dato no significa que sean 4.966 mujeres, ya que pueden utilizarse más de un tipo de prestación en una misma mujer, por ejemplo, prácticas medicamentosa e instrumental’, aclaró el informe.
En cuanto al tipo de prestación realizada en el sector de obras sociales, el 31% fue sólo medicamentosa, el 67% sólo instrumental y el 2% fue con procedimientos combinados. Con respecto a la provisión del misoprostol (el medicamento utilizado para realizar IVE), el 90% se obtuvo en farmacias y el 10% restante de otros proveedores.
Los desafíos faltantes
El uso de procedimientos riesgosos para realizar abortos cuando el Estado garantiza los
medicamentos recomendados por la OMS para la práctica, la información poco clara y la utilización inadecuada de la objeción de conciencia, son parte de los desafíos de la ley IVE.