El sector de las empleadas domésticas es uno de los más golpeados debido a la pandemia de coronavirus, y en los primeros cuatro meses del año más de 20 mil trabajadoras en blanco fueron dadas de baja.
Pese a la prohibición de suspensiones y despidos, las cesantías son numerosas teniendo en cuenta que más del 70% trabaja en la informalidad. Por su parte, los últimos registros del Ministerio de Trabajo marcan que en los primeros cuatro meses de este año el personal doméstico declarado se redujo de 497.700 a 477.000, 20.700 empleos registrados menos.
A las medidas de aislamiento que les impiden a las empleadas concurrir a sus lugares de trabajo se suma que los empleadores quedaron excluidos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (DNU 332/2020), que otorga una ayuda económica mensual a los trabajadores, deducible del salario que debe pagar el empleador.
Por otro lado, el personal doméstico, en blanco, informal o desocupado, tiene derecho a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos, que no es deducible del salario que le corresponde, y la Asignación Universal por Hijo (AUH) si tiene menores a cargo.
Según el DNU 297/2020, durante la cuarentena, todas las trabajadoras de casas de familia, estén registradas o trabajen informalmente tienen derecho a no ir a trabajar y a cobrar su salario completo.