Más de la mitad de los 3.389.900 trabajadores públicos tiene estudios terciarios y universitarios completos, el 40% se desempeña en funciones de educación y salud y, del total, el 55% son mujeres, según el informe "Resultados de la política de fortalecimiento del empleo público", elaborado por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Ana Castellani.

Además, desde diciembre de 2019 se llevaron a cabo más de 2.300 cursos de capacitación, algunos de ellos obligatorios, para alrededor de 750.000 trabajadores, según el informe.

El documento, que la funcionaria presentó por estas horas, contempla un relevamiento llevado a cabo desde el inicio de su gestión, hace casi cuatro años, acerca de la implementación de políticas públicas y la efectividad de la acción estatal para mejorar la vida de los argentinos.

"Necesitamos mejorar la vida de los argentinos y para ello creemos que es el Estado el que tiene las herramientas necesarias para lograrlo", destacó Castellani en la presentación del documento.

La funcionaria consideró que en procura de "garantizar bienes públicos de calidad" es necesario "contar con una política de empleo público que permita concursar a los agentes".

El informe se conoce en momentos en que, en plena campaña electoral, candidatos como Javier Milei plantean una reforma completa del Estado, con la reducción o eliminación de varios ministerios, así como con ideas de privatización de áreas como salud y educación.

Según el informe, el 60% de los trabajadores públicos se desempeña bajo la órbita de administraciones provinciales, un 20% en el ámbito municipal y el 20% restante en la esfera nacional. De ese total, el 47% de los trabajadores lleva adelante tareas de administración, defensa y seguridad; el 27%, de educación; y el 13%, de salud.

En tanto, unos 711.000 trabajadores se desempeñan en el sector público nacional, que agrupa a la administración pública nacional (APN), Fuerzas Armadas (FFAA), Fuerzas de Seguridad (FFSS), docentes universitarios, empresas públicas o con participación estatal mayoritaria, bancos y organismos públicos. De esos 711.000, unos 395.000 integran la APN y de ellos, 193.000 son civiles.

Entre los 193.000 trabajadores, el 51% son mujeres, un 57% tiene estudios superiores completos, el 25% está destinado a la atención en salud, una cifra similar se dedica a la atención al público y un 15% pertenece a ciencia y tecnología.

Las medidas dispuestas desde el comienzo de la gestión procuraron modificar una visión negativa del funcionamiento del sector público: sobredimensión, improductividad, baja calificación, privilegios y alto costo. Por eso se aplicaron políticas en materia de capacitación.

El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), que depende de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, brindó 2.350 cursos en los cuales fueron capacitados 736.368 agentes.

En tanto, se brindó capacitación a más de 46.000 trabajadores de 26 empresas estatales. El objetivo de los 166 cursos dictados fue actualizar en saberes relevantes a los trabajadores para fortalecer el desempeño público.

A partir de 2021, con la puesta en vigencia del Plan de Regularización del Empleo Público, Castellani se planteó la regularización de más de 10.000 cargos ocupados bajo modalidad transitoria desde hace 10 años o más.

La iniciativa no implica un costo fiscal adicional, porque se trata de un cambio en la modalidad de contratación para cumplir con los requisitos de Ley 25.164 de Empleo Público. Hasta el momento llegaron a su fin 8.739 concursos a cargos correspondientes a 66 jurisdicciones y organismos. Para ellos se habían recibido 34.598 postulaciones.