La embestida judicial que habían encarado tres jueces de Paz contra el Estado para recuperar una diferencia salarial cuenta con más aliados, ya que otros tres se sumaron, de manera individual, al reclamo. En esencia, todos piden que sus sueldos vuelvan a estar equiparados al de fiscal de primera instancia, tal cual establece una ley, por lo que también solicitan un retroactivo desde el momento en que quedaron desfasados o desde que asumieron en el cargo.
Si bien no especificaron qué monto les correspondería a cada uno, la cifra entre los seis estaría en el orden de los 6,2 millones de pesos, según los cálculos. En la Corte de Justicia habían señalado que la norma que esgrimen como clave fue derogada, por lo que la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, tendrá la palabra final.
Los jueces de Paz son 25 en total, que siguen de cerca el proceso.
En Tribunales señalaron que es la primera vez que un grupo de jueces demandan al Estado por cuestiones salariales. El proceso apunta contra la provincia, porque es la que tiene personería jurídica y la que destina los fondos al Poder Judicial. Todo comenzó con un reclamo administrativo a la Corte en 2015, el cual fue rechazado. Así, Zulma Brizuela, Gerardo Zuliani y Stella Rodríguez, los tres jueces de Paz de primera instancia de Capital, iniciaron en 2016, cada uno por separado, acciones legales.
A ese lote se sumó la magistrada de Paz de Ullum, Beatriz Gallo; la de Capital, Alejandra Dománico, y el de Iglesia, Marcos Quiroga.
El reclamo se basa en que el artículo 203 de la Constitución local contempla que el sueldo de los jueces de Paz se definirá en la ley Orgánica de Tribunales y ésta dice en su artículo 83 que ganarán lo mismo que un fiscal de primera instancia. Los haberes de esos funcionarios estuvieron equiparados durante décadas, hasta que en 2006 el máximo tribunal igualó salarialmente a los fiscales con los jueces de primera instancia de los otros fueros. En la práctica fue un aumento y la Corte de Justicia no lo replicó para el fuero de Paz, por lo que los ingresos de esos magistrados quedaron más abajo.
Desde la Corte señalaron en su momento que la ley de Presupuesto 401-I (antes 6.119) determinó que el máximo tribunal fijará las remuneraciones de todos sus empleados, por lo que quedó sin efecto el artículo 83 de la ley Orgánica de Tribunales. Sin embargo, los jueces indicaron que no se puede alterar lo establecido en la norma que rige a Tribunales.
En ese marco, tras la elaboración del digesto jurídico, la Legislatura aclaró a través de una Fe de Erratas que el artículo 83 de la ley Orgánica está derogado. Frente a eso, tres jueces de Paz además pidieron la nulidad e inconstitucionalidad de dicho decreto. Los planteos fueron rechazados por Tettamanti, ya que, en líneas generales, sus argumentos forman parte de la cuestión de fondo a analizar y que deberá resolver en las demandas.
Según las fuentes, la diferencia salarial mensual entre un fiscal de primera instancia y un juez de Paz ronda los 11 mil pesos. En base a esa cifra, hay magistrados que reclaman el retroactivo desde 2006 y otros dos, desde 2011 y 2012. El cálculo arroja un monto total, sin contar antigüedad, de 6,2 millones de pesos.