A ocho días del referéndum unilateral de secesión de Cataluña, el gobierno del conservador Mariano Rajoy dio ayer un paso crucial para evitar la votación al poner a los Mossos d"Esquadra (policía catalana) bajo un mando único coordinado por el Ministerio del Interior español, decisión que fue rechazada por el gobierno catalán y que elevó aún más la tensión.
La decisión fue tomada a pedido del Fiscal general del Estado después de las protestas pacíficas que tuvieron lugar por estos días en las calles de Barcelona en rechazo al arresto de funcionarios del gobierno catalán, y tras el despliegue de refuerzos de la Guardia Civil y la Policía Nacional a Cataluña para contribuir al mantenimiento del orden público.
La Fiscalía encargó la misión de coordinación a Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, quien fue procesado y exonerado por torturas al miembro de ETA Kepa Urra en 1992.
La intervención directa del gobierno catalán a través del polémico Artículo 155 o la apelación a la Ley de Seguridad Nacional para intervenir a los Mossos, eran las dos medidas que, según advirtieron los independentistas, podría adoptar el Ejecutivo central español en una escalada represiva para frenar el referéndum de secesión del 1 de octubre que el gobierno catalán pretende celebrar pese a que fue prohibido por el Tribunal Constitucional español.
El consejero de Interior de Cataluña, Joaquim Forn, rechazó frontalmente la medida y denunció la voluntad del gobierno español de "intervenir la policía" tal como se hizo con las finanzas "por la puerta trasera y al margen de la ley".
Desde Madrid se argumentó que el gobierno español está aplicando el mismo mecanismo que se utilizó tras los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils en agosto último, y que es totalmente legal.
El vocero del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijo el viernes que "a la vista de las movilizaciones tumultuarias" el gobierno había decidido desplazar a Cataluña diferentes refuerzos. Sus declaraciones se produjeron luego de que la Fiscalía presentó una querella por "sedición", un delito grave penado con hasta 15 años de prisión, contra las principales organizaciones de la sociedad civil catalana que están detrás del movimiento independentista, a raíz de los "incidentes" ocurridos el pasado miércoles 20 de septiembre.
Las manifestaciones en Barcelona a favor del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, aumentaron precisamente desde ese día, cuando la Guardia Civil, por orden judicial, detuvo a 14 personas, entre ellas altos cargos del gobierno regional de Cataluña, por participar en la organización de la consulta electoral.
Télam