A través de un crítico documento a las disposiciones del Gobierno nacional en el que señalan que "se toman decisiones sin conocer la dinámica de cada sector productivo", la Cámara Minera de San Juan, que preside Mario Hernández, pidió, al menos, el doble del tiempo establecido para que las empresas liquiden los dólares de las exportaciones. Según las disposiciones vigentes, deben hacerlo a los 15 días de realizada la operación, un plazo que consideran "insuficiente" y para el que reclaman por los menos 30 días.
A través de un decreto de necesidad y urgencia que fue publicado el domingo pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso fijar nuevos plazos y regulaciones para que los exportadores liquiden los dólares de las operaciones, entre otras disposiciones que tienen que ver con el acceso al mercado de cambios, tanto para comprar moneda extranjera como para realizar transferencias al exterior.
En el caso de la minería en San Juan, Hernández explicó que el plazo fijado es insuficiente porque la mecánica para realizar las operaciones es compleja y por eso solicitó que, al menos, se extienda el período a los 30 días. Incluso en el comunicado mencionaron que se fijó un plazo "en tiempos inverosímiles".
Los mineros consideran que la forma de llegar al Gobierno es a través de la CAEM.
Señaló que la mecánica de la operaciones comienza cuando una empresa empieza a mover las rocas, después tiene que triturarlas, transportarlas y hacerlas llegar a la planta metalúrgica. "El proceso hasta que se obtiene la barra de metal doré puede llevar de 120 a 160 días", sostuvo, y agregó que recién después se las puede exportar. El embarque se cierra con una medida de control en Aduana sobre el contenido de oro y plata de las barras de metal y recién después se puede hacer el envío al exterior. Pero el proceso no finaliza ahí sino que en una planta de refinación, porque en la barra van mezclados el oro, la plata y otras impurezas, se obtiene un bullón, que vuelve a ser muestreado, para que no haya diferencias con lo que se exportó. "Los contenidos tienen que ser los más cercanos posibles", dijo el dirigente. Frente a una operaciones tan compleja, Hernández dijo que no se puede hacer en los 15 días fijados por la resolución nacional, sino que hace falta por lo menos el doble de tiempo.
"En el mercado no hay nada que se pague a los 15 días. Harían falta al menos 30 días para hacer todas las operaciones bancarias y financieras, que tienen mucha complejidad, sobre todo cuando aparecen diferencias en los análisis", explicó el presidente.
"Creemos que cuando se toman este tipo de medidas deben estar ajustadas a los tiempos reales, no tener que salir a pedir ajustes. Hay que ir con las particularidades a ajustar el mejor tiempo posible", sostuvo.
La intención en la Cámara Minera es hacer llegar el pedido de ajuste del plazo al Gobierno nacional a través de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), integrada por las entidades del sector de todo el país.
Para llegar con una posición común de todas las provincias mineras, Hernández habló de la posibilidad de conciliar las particularidades de los distintos actores del sector. "Hay que ver las mecánicas de otras provincias mineras, porque la actividad en San Juan tiene sus condiciones, que a lo mejor no se ajustan a otros lugares", dijo.
"Queremos sostener la producción, el empleo y que vengan más inversiones, porque es el camino para darle más soporte a la economía argentina y porque también es la forma de generar más recursos para el Estado", sostuvo el dirigente.
El documento fue consensuado en la reunión del lunes por la noche de la Cámara Minera.
LAS FRASES DESTACADAS
Mario Hernández Cámara Minera
"Desde la cámara vemos con preocupación cómo se toman las mismas decisiones, sin conocer la dinámica de cada sector productivo y sin adaptar esas normas a cada realidad. Es momento de dialogar, de pensar en conjunto y de planificar mirando más allá de un calendario electoral".
"La crisis que estamos viviendo viene golpeando a todos los sectores industriales y productivos del país. Y se necesitan medidas de fondo, que trasciendan la coyuntura de una gestión de gobierno y que se orienten, de una vez por todas, a incentivar a quienes contribuyen a generar trabajo genuino".
"No es que nosotros pretendamos dictar normas, sino que lo que se busca es evitar tener que salir a pedir correcciones. Entendemos que esta disposición puede haber sido más pensada para el campo que para la mineras, porque en ese ámbito se trabaja con otra mecánica distinta a la nuestra".