El exdirector del Penal de Chimbas, Leonardo Barac; quien fuera su número dos, el entonces jefe del Cuerpo Penitenciario, Eduardo Mendoza, y seis guardiacárceles enfrentaban el pedido fiscal de distintos castigos por haber tenido participación, en diferentes grados, en los maltratos que sufrió Federico Fernández Santalucía, un detenido por abusar sexualmente de su hijo, quien además está acusado de trata de personas. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal condenó ayer a quienes fueran las dos máximas autoridades de la cárcel a pagar una multa de 12 mil pesos cada uno y a una inhabilitación de un año para ejercer cargos públicos por demorar el cumplimiento de una orden judicial. Es que, según figura en el expediente y de acuerdo a fuentes judiciales, hubo un retraso de días en el traslado del preso hacia el Hospital Rawson, luego de que se agravara su salud tras la paliza que había recibido de otros internos. Tal golpiza había sido previa a las supuestas lesiones que le ocasionó un grupo de penitenciarios, pero del veredicto se desprende que los magistrados no tuvieron la certeza que se produjera la agresión al reo (y otros delitos que se desencadenaron) por parte de los guardias, por lo que fueron absueltos por el beneficio de la duda Marcelo y Mauricio Díaz, José Tapparo, Andrés Castro, Julio y Daniel Mercado, explicaron las fuentes.
Los magistrados Daniel Doffo, Eliana Rattá y Alberto Carelli dieron a conocer la sentencia, pero los fundamentos estarán en septiembre. El fiscal General, Francisco Maldonado, señaló que analizará los argumentos y verá si está la posibilidad de acudir a la Cámara Nacional de Casación Penal para revertir la resolución.
El caso estalló el 25 de junio de 2013, cuando Fernández Santalucía fue atacado por otros internos, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Marcial Quiroga. A su regreso, fue derivado a un pabellón de máxima seguridad, en cuyo trayecto habría sido agredido por un grupo de guardias, había indicado Maldonado. En ese contexto, había pedido una pena de 3 años de prisión en suspenso para Barac y Mendoza dado que había señalado que no garantizaron, como máximos responsables, el cuidado del interno, por los que les endilgó la calidad de partícipes en un tipo especial de maltrato que habría sufrido el preso, el que se denomina, según la graduación del Código Penal, como severidad. Esta es de menor intensidad que la tortura y, en este caso, el fiscal había entendido que consistió en, por ejemplo, la ducha helada a la que fue sometido Fernández Santalucía y a que fue arrastrado en el traslado al pabellón, según relató la víctima.
Pero, como para los magistrados reinó la duda de la existencia del maltrato, se cayó la acusación, dado que en esta instancia debe primar la certeza. Las incertidumbres se generaron porque un testigo (otro interno) había dicho que los agresores fueron Tapparo, Mauricio Díaz y uno de los guardias de apellido Mercado, aunque no sabía cuál, pero el propio Fernández Santalucía había indicado que los dos primeros no habían sido y que no podía identificar a los autores, resaltaron las fuentes como un ejemplo de contradicción.
Las acusaciones contra los seis penitenciarios iban desde la autoría material, algún tipo de participación y la omisión de denunciar la agresión, pero los jueces los absolvieron debido a que hubo un manto de sospecha sobre si efectivamente sucedió el hecho. Sí entendieron que hubo una demora en cumplir una orden judicial posterior, la cual consistía en el traslado de Fernández Santalucía al Hospital Rawson por un agravamiento de su salud tras la golpiza que le habían dado otros presos, responsabilidad que recayó en Barac y Mendoza, dijeron las fuentes.
Por otro lado, el psicólogo Alejandro Reinoso y los médicos José Farja y Rodolfo Zapata fueron absueltos lisa y llanamente.