Durante la madrugada de ayer la provincia de Río Negro vivió otro episodio de violencia mapuche en El Bolsón con un ataque incendiario que destruyó por completo las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón, el más emblemático de la localidad. Y como ocurrió con los recientes ataques anteriores, los autores dejaron panfletos con amenazas para el Intendente Bruno Pogliano y la gobernadora Arabela Carreras que ayer elevó el tono del reclamo al Gobierno nacional para el envío de fuerzas federales para reforzar la seguridad.
Frente a este escenario -que tiene aterrorizada a la población y amenaza con volverse incontrolable- el gobierno de Alberto Fernández decidió movilizar fuerzas federales destacadas en el Sur a la zona del conflicto para intentar recuperar el orden.
La medida marca un cambio de rumbo en la política del Presidente que se resistía a apoyar a la gobernadora Carreras en su lucha contra los mapuches. Además llega en medio de expresiones de rechazo, de propios y extraños, luego de que la semana pasada Fernández ordenara al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, apoyar la libertad anticipada del líder mapuche argentino, Facundo Jones Huala, condenado a 9 años de prisión en el país vecino por distintos delitos contra la propiedad con ataques incendiarios y violencia en el sur chileno.
El plan que evalúa el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, es redistribuir fuerzas federales desplegadas en el Sur en este punto de conflicto.
Según anticipó ayer la flamante vocera de prensa de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, en las próximas 24 horas se espera el desembarco de efectivos de la Gendarmería Nacional, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que ya se encuentran en Río Negro, Chubut y Neuquén.
Se desconoce todavía cuántos efectivos serán redistribuidos.
"Aníbal Fernández me dijo que, cumpliendo con la ley de Seguridad, está enviando a Gendarmería para patrullar y prevenir que no se cometan actos de vandalismos", confirmó Cerruti.
Así, dos semanas después de rechazar el envío de fuerzas federales después del reclamo de la gobernadora Arabela Carreras, el gobierno nacional ahora sí atendió los pedidos. Hace 16 días, la mandataria provincial llamó al ministro alertando por la sucesión de ataques en su territorio atribuidos a integrantes de la comunidad mapuche. Según le informó, la situación estaba por desbordarse. La respuesta de Fernández fue la de "analizar" la situación planteada y llegado el caso plantear métodos y estrategias de acción.
"La puerta quedó abierta, aunque aún no se asumió ningún compromiso", había señalado desde el Ministerio de Seguridad.
Tras el ataque contra el edificio del Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón, que fue consumido anoche por las llamas, la gobernadora insistió en la necesidad de recibir un refuerzo de fuerzas federales y aseguró que ya le giró un pedido formal al ministro de Seguridad. "No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde", dijo la mandataria kirchnerista.
Más tarde, Carreras se despachó contra la actuación del embajador en Chile, Rafael Bielsa, por la defensa legal que hizo del líder mapuche Jones Huala, en Chile.
La mandataria describió el hecho como "la defensa de una figura delictiva y que, además, desconoce al Estado Nacional e incluso a la propia figura del embajador. No ha sido atinada la representación del Estado Nacional en ese sentido", afirmó, quien también cuestionó la tarea de la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), María Magdalena Odarda.
La fiscal no se va
La fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, finalmente no renunciará a su cargo y seguirá al frente de las investigaciones sobre los ataques mapuches en la zona. Se queda a partir del respaldo que recibió del Procurador General de la Nación que armará un equipo especial de fiscales para respaldar su trabajo.
Polémica abstención
El Gobierno se abstuvo ayer en una votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que exige "la liberación inmediata" de los opositores al régimen de Daniel Ortega detenidos en Nicaragua antes de las elecciones de noviembre. Esta actitud generó un fuerte rechazo de Uruguay.