El Gobierno nacional y las provincias acordaron ayer enviar al Congreso un proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal que implicará que mantener constante el gasto corriente primario en términos reales, que los cargos públicos sólo aumenten en relación al incremento de la población, y evitar el aumento de gasto en los meses finales de mandato, entre otras medidas.
El acuerdo fue alcanzado ayer al mediodía por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y sus pares provinciales durante la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que se celebró en el Palacio de Hacienda.
‘Quiero resaltar la importancia que significa para la Nación y para todos los argentinos que podamos alcanzar este acuerdo para una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal‘, dijo Dujovne al dar inicio a la reunión, informó el ministerio a través de un comunicado de prensa.
El proyecto de ley, que será enviado en los próximos días al Congreso, implicará que todas las jurisdicciones del país mantengan constante el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de las deficitarias, o con servicios de deuda superiores al 15 por ciento de los recursos corrientes.
Además el Gobierno nacional y las provincias se comprometen a no aumentar la relación de cargos ocupados en el sector público existente al 31 de diciembre de este año, respecto de la población proyectada de cada jurisdicción. También se creará ‘Fondos Anticíclicos Fiscales’, que van a ser constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia.
Además, se incorporará ‘pautas de fin de mandato’ para restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno.
La Nación y las provincias se comprometen a no aumentar la presión impositiva legal, en especial en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento.
El proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, tal es el nombre de la iniciativa, ‘tiene por objetivo establecer reglas que garanticen la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales’. El acuerdo fue rubricado por el ministro Dujovne, en representación del gobierno nacional y los ministros de Hacienda de las provincias.
Por parte del estado nacional también asistieron a la reunión el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena y el subsecretario de Presupuesto, Alejandro Gallego, entre otros.
El Gobierno nacional se impuso bajar el déficit fiscal al 4,2 por ciento del PBI este año, al 3,2 por ciento en 2018, y 2,2 por ciento en 2019, y bajar la inflación anual a un solo un dígito para el fin de mandato de Mauricio Macri.
Esta medida anticipará la reforma fiscal que el gobierno nacional enviará al Congreso luego de las elecciones legislativas de octubre, que busca hacer más eficiente el pago de tributos y a la vez reducir la carga impositiva para alentar la inversión y el trabajo. Otro de los funcionarios que estuvo en las negociaciones con las provincias, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, desmintió días atrás que después de las elecciones de octubre el gobierno haga un ajuste, y afirmó que el ‘único plan‘ de la administración de Cambiemos es ‘reducir los impuestos y darle alivio fiscal a la gente y sectores productivos‘.
Frigerio bregó por ‘disminuir el peso de los impuestos distorsivos sobre el sistema productivo, y los regresivos sobre las familias‘. ‘Tenemos que bajar no sólo Ingresos Brutos, al Cheque y al Trabajo. Los municipios deben dejar de esconder impuestos en tasas municipales. La tarea por delante es grande, pero el resultado será bueno‘, sostuvo. Télam