Aunque parezca algo ilógico y difícil de comprender en la Argentina se cobran más de un centenar de impuestos, entre nacionales, provinciales y municipales. Con semejante presión impositiva, producto de un descomunal gasto público que el Estado debería controlar más efectivamente, se hace muy difícil la pretendida recuperación del país, ya que gran parte de esos impuestos afectan directamente a las empresas pymes y minipymes, dificultándoles cada vez más el funcionamiento. Está comprobado que en la Argentina son las empresas de ese sector las mayores generadoras de mano de obra, y las que otorgan la posibilidad del desarrollo de las comunidades en las que están insertas.
Según datos oficiales la presión tributaria de la Argentina durante el último año alcanzó el 47,8%. Este valor hace que el país ocupe el 43º lugar del ranking mundial de países donde más se paga impuestos en general, teniendo en cuenta que está en el top 10 de países que más impuestos cobran a las empresas. La nueva ley de presupuesto, sancionada la semana pasada, ha profundizado esta tendencia al hacer posible una reforma tributaria que implica mayor presión para los contribuyentes en distintas áreas.
Según la Fundación Mediterránea, a principio de este año la Argentina se adjudicó el segundo puesto entre los países Latinoamericanos con mayor presión tributaria, después de Brasil donde los tributos por cada familia alcanzan un 50,6%.
Es una característica de nuestro país que haya un avance permanente de la presión impositiva -como ocurre ahora con el anunciado proyecto de gravar los pasajes de avión tanto para vuelos de cabotaje como internacionales-, que dificulta cada vez más las distintas actividades y el funcionamiento de las empresas, especialmente las más pequeñas.
Hay una voracidad impositiva planteada con el objeto de sostener un Estado sobredimensionado y burocrático que cada vez necesita más recursos para su sostenimiento.
El avance contra los sectores de la producción es permanente. Si no se revierte esta tendencia llegará el momento en que la presión alcanzará tal punto que no habrá forma de sostener el actual esquema.
En la actualidad el país afronta una serie de inconvenientes en distintos sectores lo que lleva a que periódicamente se planteen reclamos en diferentes áreas. El sistema de salud, el transporte, la seguridad y la producción de bienes y servicios, ámbitos en los que no dejan de sucederse reclamos, sufren las consecuencias de un Estado que no logra equilibrar sus cuentas y que cada vez necesita más recursos para funcionar.
Un gasto racional y mesurado en áreas que no son específicas surge como una prioridad y la posibilidad de recomponer una situación que cada vez es más insostenible.