En su primera gestión al frente de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto tuvo que lidiar con la pandemia del coronavirus. En ese marco, resaltó en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento que pudieron garantizar el servicio de Justicia, habilitando 500 puestos de teletrabajo, videoconferencias, sistemas informáticos, la mesa de entrada virtual y turnos rotativos. Pero, además, habló de la puesta en marcha del sistema acusatorio y de la temática de la violencia laboral, a raíz de la denuncia contra un juez, entre otros puntos.
– Pronto van a inaugurar el Centro de Abordaje para víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), ¿cuál es su importancia?
– La inauguración será el 25 de este mes. El Cavig será una unidad fiscal de investigación, dependiente del Ministerio Público. Es una herramienta más que pone el Estado al servicio de la población para una atención que abarque un poco más que la denuncia. Habrá un trabajo coordinado del Poder Judicial, entre la Corte y el Ministerio Público, y el Ejecutivo, con los ministerios de Desarrollo Humano, Salud y la Secretaría Seguridad, a través de la Policía, en un mismo lugar. En primer término, habrá una actitud de escucha y que la víctima que venga a preguntar, a denunciar, se vaya con la mayor cantidad de respuestas, en la medida de las posibilidades que requiere cada caso. Se va a evitar la revictimización y que la mujer no tenga que peregrinar por distintos lugares. Va a encontrar atención médica, el abordaje inmediato, si es que hay que tomar alguna medida desde lo social, como el alimento y el hospedaje.
– ¿Llegan a poner en marcha el sistema acusatorio en febrero?
– Sigo con la misma mirada. Nuestra decisión es febrero. Esperemos que la realidad nos acompañe, porque hay ciertas cuestiones que no podemos manejar. Se han hecho las convocatorias para 30 cargos de magistrados, el Consejo de la Magistratura lanzó el concurso. Prevemos que pueden ser designados durante este año, para poder tomarles juramento a fines de este año o primera semana de febrero, que es cuando inicia la actividad judicial en 2021. Otra parte de recursos humanos son los de funcionarios. Hemos hecho la convocatoria para un concurso externo e interno, a los que se sumarán los ascensos que se producirán, más los ingresos del concurso 2018. Con toda eso, la idea es llenar las estructuras necesarias para la implementación del sistema acusatorio.
– ¿Cuántos cargos son para el concurso interno y el externo?
– En total son 65 cargos. El concurso interno es para quien ya pertenece al Poder Judicial, abogados de planta permanente del Poder Judicial, que quieran ocupar 10 puestos de secretario del Ministerio Público de primera instancia, tres de secretario de Juzgado y Registro Público de Comercio, ocho de prosecretario auxiliar y tres de secretario de Justicia de Paz Letrada. En cuanto al externo, que es para abogados que provienen por fuera del Poder Judicial, son 20 puestos de secretario del Ministerio Publico de primera instancia, tres de secretario de Juzgado y Registro Público de Comercio, 15 de prosecretario auxiliar y tres de secretario de Justicia de Paz Letrada. Más todos los que van por ascensos. A partir del lunes son las inscripciones, hasta el jueves 12. Es un calendario ajustado. Intentamos que, a mediados de diciembre, tengamos todos los cargos listos.
– A raíz de la denuncia de una empleada por presunta violencia laboral del juez civil Héctor Rollán, sobre la que entendemos que no puede explayarse porque resolverá sobre el tema, ¿la Corte tiene una postura firme con respecto a casos de violencia laboral?
– No es grato que exista alguna situación, pero no seremos indiferentes a denuncias de violencia laboral. Porque seríamos incoherentes debido a que hemos puesto un fuerte énfasis en la capacitación de la aplicación de la ley Micaela. Nuestra Oficina de la Mujer ha sido motor de la capacitación en materia de perspectiva de género y la no violencia contra la mujer en los tres poderes del Estado provincial.
– Es decir, ¿las medidas que tomarán en caso de que se compruebe una situación de estas características van a ser ejemplificadoras?
– Lo primero que es ejemplificador es que se escuchó y el primer "yo te creo", se dio cuando la persona que pidió el traslado, inmediatamente se hizo. El segundo "yo te creo" fue que, realizadas dos o tres actuaciones, se inició un sumario. El "yo te creo" es para todos, ya que da el debido derecho de defensa y se va a aplicar la sanción justa y adecuada, en el caso de que se compruebe un accionar inadecuado.
"Sobre la marcha evaluaremos la ampliación de recursos para el acusatorio".
– ¿En qué quedó el proyecto con el cual iban a separar funcionalmente a la Defensa Oficial de la órbita del Ministerio Público? Porque es un contrasentido, contemplado en la Constitución, que fiscales y defensores dependan de la misma persona…
– Venimos trabajando el proyecto de ley de la Defensa y en un breve tiempo lo enviaremos a la Cámara de Diputados. Va a implicar la existencia de un defensor Coordinador General que va a tener bajo su órbita a los defensores. El fiscal General comparte la idea que el defensor tiene que tener autonomía absoluta en el sistema acusatorio. Tenemos un escollo, que no lo podemos superar en este momento ni la Cámara de Diputados por ley, que es este artículo de la Constitución que establece que el Ministerio Público tiene todo bajo su ámbito. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer una ley que permita la mayor autonomía dentro del marco constitucional.
– ¿Cuándo van a realizar las remodelaciones en Tribunales para el sistema acusatorio?
– Cuando definimos su implementación, se decidió que habrá una unidad fiscal en Anivi, la del Cavig y la genérica. Cuando hagamos el traslado de los juzgados civiles del edificio 25 de Mayo al Anexo Jujuy, que está en remodelación para poder llegar a fin de mes, ya está aprobado por la Corte cuáles van a ser las modificaciones en Tribunales, que tendrá inicio de obra el día que podamos hacer el traslado. Todo esto lo haremos entre el 30 de noviembre, 10 de diciembre y el 1 de febrero.
– En el concurso para ocho cargos penales hubo ocho mujeres entre 24 ternados y en la última convocatoria para siete puestos hubo cinco mujeres de 21 ternados. Y las designaciones reflejan y reflejarán un número bajo. ¿Qué balance hace? ¿Hay poca participación o se da el llamado techo de cristal?
– Tenemos que ir avanzando, como sociedad, en mirar que una participación de género tiene que ser equitativa, pero no porque tenga que ser varón o mujer, sino por todo lo que aportan ambas miradas complementarias. Deberían ser cada vez más mujeres, porque la mirada debería ser más equilibrada. Tenemos que saltar muchos obstáculos, que las mujeres, a veces, nos autoimponemos y que, a veces, son impuestos desde afuera. Quienes ejercemos los poderes públicos tenemos la responsabilidad de sacar todos los obstáculos externos, que no haya una mirada de que la mujer no puede, no debe.
– ¿Es impensable la paridad de género en el Poder Judicial?
– No sé si es impensable. El tema es que la estructura constitucional y legal para poder acceder a los cargos, no sé si es compatible, pero eso no quiere decir que no sea posible. Nos debemos un análisis de toda la legislación que no solo tenga como mirada la visibilización de la mujer, sino que tenga en cuenta otros parámetros que nos permitan ir asumiendo estos criterios en los que vamos avanzando.
– Pero, ¿se puede hacer algo para que se establezca, no sé, una representación femenina?
– No sé si específicamente hay que hacerlo. En esto digo que siempre hay que mirar, que no quiere decir que hay que modificar. Lo que no podemos hacer es no reflexionar. A lo mejor, después de analizar decimos "tal cual está, el sistema actual lo permite". El Poder Judicial es el que tiene mayor cantidad de mujeres en su estructura, pero no en los cargos superiores, por eso se llama techo de cristal. Tenemos que trabajar arduamente.
– En pandemia se han dado algunas fiestas clandestinas en las que sus participantes no se han visto beneficiados con la probation, ese régimen de tareas comunitarias a cambio de evitar el juicio. En la llamada fiesta VIP, los imputados, de mayores recursos, están dando una batalla legal para conseguir dicho beneficio. ¿Ve que se quiera instalar algo así como una Justicia para pobres y otra para ricos?
– No puedo opinar, porque toda resolución que se tome puede ser puesta a consideración de la Corte y yo tenga que resolver. Además, específicamente, quien establece la política criminal es el Ministerio Público Fiscal.