El Tribunal Superior de Londres dictaminó que la Argentina debe pagar alrededor de 1.330 millones de euros; es la segunda sentencia en contra del país en menos de una semana tras el juicio de YPF y la decisión de Preska.
La Argentina recibió un nuevo fallo en contra en los tribunales internacionales en menos de una semana. En Gran Bretaña, el juez Simon Picken, del Tribunal Superior de Londres, encontró culpable al país en el caso conocido como "cupón PBI". El Estado fue acusado de modificar la manera de calcular el producto bruto interno (PBI) para evitar pagar los intereses de una deuda emitida en 2005, como canje de los títulos en default en 2001.
En Londres, el Tribunal le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited, y la Argentina deberá pagar daños e indemnizaciones por 643 millones de euros (U$S 704 millones), según informó la agencia Reuters.
"El juez también dictaminó que la Argentina debe pagar alrededor de 1.330 millones de euros en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI, de los cuales los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%".
El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para atraer a la mayor cantidad de bonistas posibles al canje de deuda que se hizo en 2005. Este instrumento financiero se les paga a los bonistas cuando la Argentina crecía más de 3% en el año. La demanda contra el país se basó en el cambio en la base del cálculo del nivel de la economía (PBI).
El estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que representa a los demandantes, conoce de cerca la Argentina, ya que defendió a otros fondos en la reestructuración de la deuda que llevó adelante el exministro de Economía, Martín Guzmán, en 2020.
Además del juicio en Londres, hay otra demanda idéntica en Nueva York presentada por el fondo Aurelius, pero el caso todavía no empezó. A fin de año debería iniciarse en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, bajo la mirada de la jueza Loretta Preska, la misma que falló en contra del Estado argentino la semana pasada por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. "Ahí hay otros U$S 415 millones más intereses", dijo Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior.
OTRA DECISIÓN DE AXEL KICILLOF
En 2005, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen (hoy embajador argentino en Arabia Saudita), presentaron una oferta para canjear los títulos en default de 2001 y propusieron como "endulzante", como se dice en la jerga financiera, un cupón atado a la evolución del PBI, que pagaba si el país crecía por arriba del 3% del producto (exigía un nivel de crecimiento mayor en los primeros años y después descendía al 3%).
En 2014, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires y ministro de Economía en ese entonces, anunció un cambio en la base de cálculo del PBI, lo que en la práctica reducía los números de crecimiento del país de 2013. Con este cambio, el país no llegaba a crecer por arriba del 3,26% como establecía el cupón para ese año.
Cuando se lanzaron los cupones, en 2005, el Indec tomaba 1993 como año base de cálculo para ir informando el crecimiento de la economía. Pero el año base cambió a 2004 en 2013, en un intento del gobierno de Cristina Kirchner de subsanar una serie estadística que era poco creíble, luego de que, en 2007, se intervino el Indec de la mano de Guillermo Moreno. Desde entonces, además, el Indec dejó de publicar la serie original con base en 1993.
Kicillof fue también quien avanzó con la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012, y tomó la decisión de no hacer una oferta por el total de la empresa, como decía el estatuto de la petrolera, diseñado en 1993, cuando comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York. Debido a esa decisión, los fondos Burford y Eton Park demandaron al Estado argentino, y la jueza Preska falló en contra de la Argentina el viernes pasado, que deberá pagar indemnizaciones de entre U$S 3.500 millones y U$S 19.000 millones.
La sentencia ampara a los accionistas que fueron excluidos de la estatización de YPF. También se refiere a la estafa cometida por el grupo español Rudford en connivencia con accionistas argentinos que vendieron sus créditos a otros inversores. También se analiza la compra de YPF por accionistas argentinos pagando solamente con los dividendos que arrojaba la empresa. Todo esto puede llegar a ser una deuda de unos 25.000 millones de dólares. Una de las estafas más grandes del mundo.
> El negociado que le cuesta caro al país
La Argentina no tomó conciencia de las expensas adversas que recibe de los negociados por la privatización de YPF ocurrido durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con el ministro de Economía Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires y con el secretario legal Carlos Zanini, son los imputados por el fallo de la jueza Loretta Preska. En el mismo quedaron responsables por el fondo de inversión español Burford a litigar contra la República Argentina por el derecho de los accionistas excluidos de la privatización. El grupo español Repsol y conjuntamente con accionistas argentinos serían los principales culpables de la deuda que se demanda contra YPF y los señalados en este negociado.
Por agencia Reuters y Redacción
DIARIO DE CUYO