La Procuración General brasileña advirtió ayer a su par de Argentina, a cargo de Alejandra Gils Carbó, que los datos sobre los receptores de las coimas en el país que aportaron a la Justicia los directivos ‘arrepentidos‘ de Odebrecht y que deberían comenzar a llegar a partir del próximo jueves no podrán ser revelados públicamente.
En la nota recibida del ministerio público de Brasil, el fiscal general brasileño Rodrigo Janot Monteiro de Barros le advirtió a Gils Carbó que ‘no habrá difusión pública‘ del contenido de sus envíos y reclamó que ‘se mantenga el secreto con respecto a todas esas pruebas cuando se refieran a hechos ocurridos fuera de Brasil‘.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que como la Procuradora ‘ha tenido una actitud muy pasiva que, de mínima, podremos atribuir a sus vinculaciones con el kirchnerismo‘, si ‘por razones legales hubiera impedimentos‘ podría apelarse ‘a otros instrumentos‘. Así, Peña propuso recurrir a la Comisión Bicameral de seguimiento de temas del Ministerio Público o la Oficina Anticorrupción.
Con los datos en su poder, la Procuración derivará a cada fiscal, bajo secreto de sumario, los nombres que aportará Brasil a partir del próximo jueves.
Federico Delgado es el fiscal de la causa que investiga a la constructora brasileña en el juzgado federal de Sebastián Casanello, por la construcción de una planta potabilizadora de AYSA en el Paraná de las Palmas.
Por su parte, los pagos que se habrían tramitado por el soterramiento del Sarmiento son investigados por el fiscal Franco Piccardi. La tercera, por la construcción de dos gasoductos, la lleva el juez federal Daniel Rafecas.
Durante el fin de semana, el ministro de Justicia, Germán Garavano, ya había expresado su ‘preocupación‘ por la remisión de esos datos. También recordó que en el caso por coimas y lavado de dinero podrían estar vinculados ‘funcionarios del gobierno anterior‘.
Tren Sarmiento: amplían investigación
El fiscal federal Franco Picardi amplió ayer la investigación por supuesto pago de sobornos en el soterramiento del tren Sarmiento, al pedir 17 medidas de prueba relativas a exfuncionarios del Ministerio de Planificación de la Nación, directivos locales de Odebrecht y de la empresa Iecsa.
En un dictamen presentado al juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, el fiscal Picardi advirtió que entre 2005 y 2014, período investigado, hubo un ‘habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales‘ para el pago y cobro de sobornos con la obra pública, según el escrito. Se incluyó en la investigación al lobbista Jorge ‘Corcho‘ Rodríguez, expareja de Susana Giménez, y requirió que se establezca si hubo visitas suyas al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido.
Fuente: Agencias