El Gobierno nacional denunció ayer ante las Naciones Unidas la "pérdida de legitimidad del Poder Judicial", a partir de la práctica del "lawfare" o guerra jurídica, y pidió el "acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) a las reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho" en el país. Sin embargo, no logró la adhesión que buscaba: la ONU respondió al planteo pidiéndole a la gestión de Alberto Fernández que "asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales".
Como ya se había anticipado, el inédito documento de un Estado criticando a sus propias instituciones democráticas hizo especial hincapié en el supuesto ataque orquestado por la Justicia, el poder concentrado y los medios contra la vicepresidenta, Cristiana Fernández de Kirchner, con el objeto de "prescribirla" para las próximas elecciones. También denunciaron la "detención arbitraria" de la dirigente social de Jujuy, Milagro Sala, condenada en causas por corrupción y defraudación al Estado.
Todo esto fue expresado ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización multilateral, en Ginebra, Suiza, por el secretario de Derechos Humanos, el ultra K Horacio Pietragalla Corti, al presentar el Examen Periódico Universal, una instancia en la que cada nación repasa la implementación de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.
"Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública", planteó en su exposición ante el organismo de las Naciones Unidas.
En su discurso ante el Consejo, el funcionario expresó: "El ‘lawfare’ es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar. El único fin que impulsa esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos". Pietragalla Corti pidió "abordar el debate necesario sobre los denominados discursos de odio y sus implicancias para la convivencia democrática".
Pero el Gobierno no obtuvo la respuesta que esperaba por parte del cuerpo internacional al que había acudido por apoyo. Horas después del planteo, los estados miembros de la ONU acordaron una serie de recomendaciones entre las cuales se le pidió a la Argentina que "asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales", con lo cual tácitamente no daba ningún apoyo a las reformas judiciales exigidas en el escrito argentino.
La institución resumió en sus redes sociales los principales puntos que se mencionaron en ese informe y, además, las conclusiones que sacaron los otros países, que escucharon la presentación a través de sus respectivos representantes. También le aconsejó, por ejemplo, que "mejore las condiciones en las prisiones", que "garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales", que "prosiga sus esfuerzos para erradicar la pobreza", que "garantice el acceso a una educación de calidad para todos", que "aborde las disparidades en el sistema de salud" y que "armonice su legislación sobre personas con discapacidad".
Por otra parte, los países de la ONU remarcaron la necesidad de que el Gobierno "designe un Defensor del Pueblo nacional" y avance con cuestiones como garantizar los "derechos de los pueblos indígenas", la "asistencia a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo" y el combate a "la discriminación contra personas LGBTIQ+".
En defensa de Sala
"El Estado federal también debe responder internacionalmente por la detención arbitraria sufrida por la dirigente social e indígena Milagro Sala en la provincia de Jujuy, amparada por una medida provisional dictada en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", apuntó Petragalla.
En la Comisión
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El jueves el FdT arranca con el juicio a la Corte
El período de sesiones extraordinarias del Congreso se inicia formalmente hoy y se extenderá hasta el 28 de febrero para debatir un paquete de 27 iniciativas, entre las que se encuentra el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, que el jueves próximo comenzará a ser analizado en la comisión de Juicio Político de la Cámara baja.
La comisión, que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos( FdT), se reunirá el jueves a las 11 para comenzar a analizar una docena de expedientes presentados por diputados del oficialismo y de la oposición contra los integrantes del máximo tribunal. Se trata de la primera etapa del estudio, que concluirá con la presentación del proyecto de admisibilidad del juicio, posiblemente en la primera quincena de febrero. Luego se iniciará la segunda etapa, de recolección de pruebas, para ver si finalmente los diputados dictaminan para que el proyecto quede en condiciones de ser analizado por el plenario. Además del juicio político a los integrantes del máximo tribunal, el temario de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo contempla el proyecto vinculado a la composición del Consejo de la Magistratura y el que establece la ampliación numérica del máximo tribunal.También se incluyó el debate del proyecto de ley para establecer la alcoholemia cero al volante y otro tendiente a establecer el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud. Otro de los temas es el proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino; proyectos para la Promoción de nuevas energías con valor agregado en el sector energético
Asimismo, el temario contempla el debate del proyecto por el que se aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y el que propicia efectuar una serie de sustituciones a la ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica.